La Junta recibe 89 solicitudes de familiares para buscar a víctimas del franquismo

La Junta ha recibido hasta el momento 89 solicitudes de familiares de víctimas de la guerra civil y el franquismo para buscar los restos de sus seres queridos en las fosas de la provincia de Córdoba. Se trata de solicitudes para iniciar los trámites de localización y para someterse a las pruebas de ADN.

La delegada de la Junta en Córdoba, Esther Ruiz, y el responsable de la Oficina de Memoria, Manuel Aguilar, han mantenido una reunión este viernes con alcaldes y alcaldesas de toda la provincia para informar sobre los pasos a seguir en este proceso de localización y exhumación de fosas.

La Junta de Andalucía ha solicitado la colaboración de los ayuntamientos para avanzar en la recuperación de la memoria democrática y cumplir la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Como ha indicado la delegada, “actualmente hay detectadas 2.310 víctimas del franquismo que fueron fusiladas y que se encuentran en las fosas de los cementerios de la Salud y San Rafael, en la capital y de estas víctimas, 1.081, es decir casi la mitad, son naturales de 70 municipios de la provincia. Montoro (61), Puente Genil (51), Posadas (45), Casstro del Río (40), Palma del Río (39), Villanueva de Córdoba (37), Villa del Río (36), Adamuz (33), Lucena (28) e Hinojosa del Duque (28), son los municipios con más víctimas.

Para la delegada, “es importante contar con los ayuntamientos para que nos ayuden a localizar a los familiares de estas víctimas para decirles que tienen a su disposición la Oficina de Memoria Democrática de la Junta para pedir la exhumación de los restos y devolverles la tranquilidad y la dignidad que merecen”

Los municipios con más víctimas en las fosas de Córdoba son Montoro, con 61, Puente Genil, con 51, Posadas con 45, Castro del Río, con 40, Palma del Río, con 39, Villanueva de Córdoba, con 37, Villa del Río, con 36, Adamuz con 33, Lucena, con 28 e Hinojosa del Duque, con 28.

Asimismo, “este encuentro con alcaldes y alcaldesas, va a servir para pedir su colaboración igualmente en el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática en lo que se refiere a la retirada de símbología franquista y cambio del callejero referente a nombres de la dictadura”, continúa Ruiz.

La delegada ha resaltado el “compromiso de la Oficina de Memoria Democrática de Córdoba que trabaja con actuaciones específicas en fosas, convenios, declaración de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía, entrada de la Memoria en el currículo educativo, subvenciones y proyectos especialmente vinculados a la difusión”.

Hasta la fecha, la Oficina ha atendido a 36 personas solicitando información y a 5 entidades memorialistas así como 7 ayuntamientos -Priego, La Carlota, Lucena, Montoro, Hinojosa del Duque, Villafranca de Córdoba, Baena-. Igualmente, se han mantenido encuentros con los cronistas de Lucena y Posadas.

Asimismo ha atendido diferentes consultas sobre simbología y relativas al callejero urbano en municipios cordobeses. Por otro lado, en enero se finalizó en proceso de exhumación en Lucena y se han iniciado los trabajos previos en Córdoba y Castro del Río. Además están previstas actuaciones en Guadalcázar y Monturque.

La Oficina de Memoria Democrática mantiene una interlocución con familiares de víctimas, colectivos memorialistas, ayuntamientos y Diputación, cuerpos y fuerzas de seguridad así como juzgados de instrucción, equipos técnicos y científicos, como arqueólogos, antropólogos, historiadores o genetistas, así como empresas cuyos trabajos se vinculan al ámbito memorialista.

Durante su intervención, la delegada del Gobierno ha manifestado que “nuestra comunidad está a la vanguardia en España en cuanto a la recuperación de la memoria histórica, con una con una Ley que tiene como objetivo garantizar a la ciudadanía andaluza el derecho a conocer tanto la verdad de los hechos acaecidos como la protección, conservación y difusión de la Memoria Democrática como legado cultural de Andalucía”.

Se trata de una norma surgida de la experiencia acumulada de las políticas de memoria llevadas a cabo por el Gobierno andaluz con el impulso constante de los colectivos de víctimas y sus familias, así como de la participación de las entidades memorialistas, los ayuntamientos, las diputaciones y las universidades públicas andaluzas, que también jugaron un papel muy importante, sobre todo, en su fase de elaboración. Hablamos de casi dos décadas en el desarrollo de estas políticas públicas, con disposiciones desde 1999 sobre la reparación a las víctimas.

Ruiz ha insistido en insistir en la “necesidad de reparación integral del daño a las víctimas de la guerra civil y la dictadura, así como la dignificación de las mismas y la de sus familiares” y ha reconocido el “compromiso y la valentía que, tanto a título particular como a través del movimiento asociativo, se realiza para recuperar la memoria histórica. Es fundamental otorgar un papel protagonista a la sociedad, a través de un movimiento cívico y democrático que canaliza perfectamente la sensibilidad y las aspiraciones de reparación del daño, sin revanchismos, siempre buscando la verdad con aquellas personas que injustamente están olvidadas desde hace tantos años”.

Andalucía está a la vanguardia en el desarrollo de políticas públicas de memoria. Este posicionamiento se acompaña de un importante incremento presupuestario para 2018. En concreto, un 70% en el cómputo global de la Dirección General de Memoria Democrátic