La Junta defiende su papel en las ayudas que recibió la Fundación Guadalquivir

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha defendido la actuación de la Junta ante la petición de reintegro de las ayudas a la Fundación Guadalquivir Futuro y a la Asociación Jóvenes Futuro, ambas de Córdoba, de forma que se ha personado en la denuncia judicial de un extrabajador de la asociación, mientras que ha precisado que los expedientes de reintegro se encuentran en fase de apremio, pues se han dictado providencias de apremio hacia ambas.

En una comparecencia en comisión parlamentaria, el consejero ha recordado que estas entidades participaron en el Programa Emple@30+. En concreto la Asociación Jóvenes hacia el Futuro participó con dos expedientes, uno en 2014, al que se le concedió un importe de 86.650 euros, y otro en 2015, por el que se le concedió una ayuda de 123.980 euros. Por su parte, la Fundación Guadalquivir Futuro participó con un proyecto en 2015 y se le concedió una ayuda pública de 138.396,72 euros.

Ha recordado que tras la denuncia de unos empleados de estas entidades ante la Inspección de Trabajo, la Junta “desde el minuto uno en que se tuvo conocimiento, ha comenzado a realizar todas las actuaciones necesarias para clarificar los hechos denunciados”, de forma que la Inspección de Trabajo de Córdoba evacuó informe de actuación para estas dos entidades, donde la inspectora de Trabajo “deja constancia de que, aunque correctamente justificada, en expedientes correspondientes a la anualidad 2015, parte de la subvención se ha destinado a un fin diferente al establecido, que era el pago de los salarios y seguros sociales”.

Ello era constitutivo de una infracción laboral muy grave, tipificada en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Lisos), lo que conllevó el levantamiento de actas de infracción por parte de la Inspección, proponiendo la imposición a cada entidad una sanción principal por 20.000 euros, y una sanción accesoria, consistente en la pérdida automática de ayudas, bonificaciones y beneficios derivados de los programas de empleo por cinco años, así como la pérdida automática de ayudas aplicadas incorrectamente.

Ante esta propuesta, el director gerente del SAE dictó resolución imponiendo esas sanciones y además se ordenó al SAE de Córdoba que iniciase procedimientos de reintegro. En ese sentido, se han dictado providencias de apremio a la Fundación Guadalquivir como a la Asociación Jóvenes Futuro.

Contra estas citadas resoluciones sancionadoras ambas entidades interpusieron sendos recursos, que fueron desestimados. La Junta no tiene constancia de que contra esas resoluciones se haya interpuesto recurso contencioso-administrativo.

Expediente de información reservada

Carnero ha explicado, que, de otra parte, el SAE ha incoado expediente de información reservada sobre estas dos entidades para depurar el destino de los fondos, que ha concluido que se debe abrir un expediente sancionador a cada entidad; y se debe iniciar procedimientos de reintegro en los dos expedientes afectados. Asimismo, dicho expediente concluye que se debe tomar declaración a un extrabajador acogido a un expediente de la entidad Asociación Jóvenes para el Futuro, con la finalidad de esclarecer la existencia de un posible fraude.

En ese sentido, en 2016 el SAE dictó inicio de procedimiento sancionador a ambas entidades por presunta infracción administrativa muy grave. En ese sentido, los expedientes sancionadores y las sanciones impuestas a raíz de las actuaciones de la Inspección de Córdoba están pendiente de resolver.

Asimismo, el SAE en Córdoba ha iniciado dos procedimientos de reintegro, a la Fundación Guadalquivir Futuro por 103.797,54 euros; y a la Asociación Jóvenes para el Futuro, por 92.985,38 euros. Actualmente, los dos procedimientos han concluido en vía administrativa y están recurridos ante los juzgados.

El consejero ha explicado que en 2016 se incoó un segundo procedimiento, cuyas conclusiones, emitidas en marzo de 2017, estimaron que no procedía iniciar actuación alguna, “hasta tanto no finalizasen las actuaciones derivadas de la denuncia penal de un extrabajador de la entidad, y que se siguen en un Juzgado de Instrucción de Córdoba”, diligencias en las que está personada la Consejería.

Carnero ha dejado claro que la Consejería “ha actuado, actúa y actuará siempre en defensa del interés general y del buen uso de los fondos públicos”.

El consejero ha insistido en que fueron los jurídicos de la Junta los que determinaron que debía analizarse esas ayudas en función de la Lisos y no de la Ley Generales de Subvenciones. “Nos preocupa el uso del dinero público, que es oro, y como tal hay que tratarlo y cuidarlo”, ha aseverado Carnero.

Podemos pide una comisión de investigación

El diputado del PP Miguel Ángel Torrico ha lamentado que “estamos ante otro escándalo del PSOE de Córdoba, pues muchos de esos cargos formaban parte de las listas socialistas”. “Este escándalo afecta a Junta, Ayuntamiento y Diputación”, ha añadido Torrico, quien apunta que “una de esas ayudas ha sido la máxima subvención que la Diputación ha dado a un colectivo”.

Torrico se ha preguntado “por qué se le siguen concediendo otras ayudas por parte de otras consejerías de la Junta; qué tiene que pasar para que la Junta se dé por aludida”.

Ha exigido que la Junta “esté personada en los dos procedimientos judiciales abiertos para defender el dinero de los cordobeses” y espera que el procedimiento administrativo acabe haciendo efectivo el reintegro. “Sería a primera vez que alguien a quien se le exige un reintegro se va de rositas”, ha añadido.

Por su parte, la diputada de IU Elena Cortés ha lamentado que el consejero “se ha olvidado de la Asociación de Vecinos Guadalquivir”. Ha lamentado que se haya aplicado la Lisos y se les permita concurrir a otro tipo de ayudas, y ha recordado que “la ley permite que sean excluidas si la sanción es mayor de 30.000 euros”.

“No entendemos cuál ha sido el criterio establecido para evaluar la sanción y por qué se permite a estas entidades seguir presentándose, cuando se ha acreditado que ha cometido una infracción administrativa muy grave”, se ha lamentado Cortés, quien ha advertido a la Junta de que “si permite que sigan presentándose a las convocatorias de ayudas y gestionando dinero público, serán cómplices de que esto vuelva a ocurrir”, por lo que espera que “no puedan volver a presentarse”.

“Estas fundaciones tenían irregularidades más que sustanciales, pues además se les exigía a los trabajadores un 20 por ciento de su salario”, ha añadido Cortés.

El diputado de Podemos David Moscoso considera que las alegaciones presentadas por la fundación “en una página” contra el informe de Inspección son “esperpénticas”.

Moscoso ha trasladado a los grupos que “vayamos más allá en las herramientas de este Parlamento” y ha propuesto la creación de una comisión de investigación sobre estas subvenciones en el seno de la comisión de Empleo “para esclarecer todo, por el bien de la Administración y de la transparencia de los recursos públicos”.

El diputado de Ciudadanos Carlos Hernández White desea que la justicia aclare lo ocurrido “pues hablamos de desvío de fondos a manos privadas, por lo que exigimos una sanción efectiva, que se cobre y se devuelvan los fondos desviados”. “Pedimos que los culpables paguen por ello”, ha aseverado.

Por último, la diputada del PSOE Sonia Ruiz ha asegurado que la Consejería “está actuando como procede” y considera que “son lamentables las acciones contrarias a la ley, pero también son lamentables las acciones contrarias a la ética”, por lo que ha pedido a todos los grupos “prudencia y honradez”.

“No se puede injuriar a instituciones como Diputación o Ayuntamiento ni a las personas; no se puede hacer escarnio de ningún grupo político; hay que tener prudencia y respeto hacia el PSOE de Córdoba”, ha aseverado.