La Junta amplía plazos para justificar los incentivos de IDEA, con 171 proyectos en Córdoba

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado recientemente un Decreto Ley que establece medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos económico y social como consecuencia de la situación que está provocando la crisis del coronavirus, entre las que destaca la ampliación de los plazos para justificar los incentivos concedidos por IDEA, que en Córdoba afecta a 171 proyectos.

Según ha indicado la administración autonómica en una nota, dentro de estas medidas se aprobó la ampliación de los plazos para que puedan justificar sus inversiones y el mantenimiento de empleo las empresas beneficiarias de subvenciones de los programas de desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía, así como la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial gestionados por la Agencia IDEA.

Las empresas beneficiarias de las ayudas para desarrollo industrial que se hayan visto obligadas a efectuar un ERTE a causa del Estado de Alerta declarado para gestionar la crisis sanitaria causada por el covid-19, contarán con un plazo adicional de 18 meses para justificar las condiciones de creación o mantenimiento de empleo a las que les obligue su resolución de concesión de la ayuda. Dicho plazo adicional computará a partir de la terminación de los plazos que se establecen en estas resoluciones.

El delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento y Universidad de la Junta de Andalucía, Ángel Herrador, ha explicado que en Córdoba, dentro del programa de desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo, se han conseguido desbloquear de la convocatoria 2018 que estaba paralizada, “171 proyectos aprobados y valorados positivamente con incentivos por valor de 14 millones de euros y que tienen prevista una inversión en la provincia de 35,7 millones de euros que servirán para mantener más de 2.200 empleos y crear 146 empleos nuevos”.

“El 80 por ciento de estos proyectos se reparten entre la línea de transformación digital de las pymes y la de mejora de la competitividad empresarial y el resto en Creación de actividad económica y servicios avanzados”, ha resaltado Herrador.

El delegado ha incidido en que con la ampliación de plazos para justificar estas ayudas “se está ayudando a estas empresas en estos momentos difíciles y a la vez se favorece en la provincia el fortalecimiento de la industria, y el impulso de la innovación productiva que será fundamental en la recuperación económica que va a necesitar Andalucía una ve acabemos con la crisis sanitaria provocada por el coronavirus”.

Además de los plazos mencionados, las empresas que presenten solicitudes a la convocatoria de ayudas al desarrollo industrial a partir de la fecha de entrada en vigor de estas medidas podrán acreditar el cumplimiento de*requisitos de creación de empleo que se determinen en la resolución de concesión hasta el 31 de diciembre de 2022.

Por otra parte, tanto las empresas beneficiarias de ayudas para desarrollo industrial como las beneficiarias del programa de apoyo a la I+D+i, podrán solicitar, a partir de la fecha de entrada en vigor de estas medidas, la ampliación del plazo de ejecución de las actuaciones subvencionadas y del plazo de justificación de las ayudas, si estos plazos venciesen en el presente año. La ampliación del plazo de ejecución no podrá superar los 15 meses.

También se recoge en el decreto, el desarrollo normativo de la línea de garantías de créditos concedidos por entidades financieras para circulante en favor de las pequeñas y medianas empresas y autónomos andaluces, presupuestada con 20 millones de euros con cargo a la línea 'Andalucía, financiación empresarial' del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, gestionado a través de IDEA.

Estos avales se destinarán a garantizar préstamos o créditos con un importe mínimo de 5.000 euros y un máximo del 25 por ciento de la facturación del solicitante, correspondiente al ejercicio 2019, con un límite de 300.000 euros. Los préstamos o créditos tendrán una duración mínima de seis meses y máxima de 36 meses, pudiendo la entidad colaboradora aprobar plazos o periodos de carencia.