La Junta activó hace un año la inspección de la residencia denunciada sin resultados hasta ahora

La Junta de Andalucía comunicó hace 14 meses la activación de sus servicios de inspección ante la denuncia recibida sobre la Residencia Nueva Aurora para personas mayores, ubicada en Lucena, denunciada por los familiares de una usuaria por la falta de atención adecuada y el estado del edificio, y sobre la que el Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una investigación por “carecer de licencias y permisos”. Sin embargo, más de un año después no se ha producido ninguna comunicación por parte de la Junta sobre si se ha llevado a cabo la inspección y los resultados de la misma.

Así consta en los escritos recibidos por los familiares que denunciaron la situación de la residencia ante la Junta, a los que ha tenido acceso este medio. Tras ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, esta remitió un escrito fechado el 31 de enero de 2017 en el que decía activar la inspección sobre la residencia de mayores. Catorce meses después, en marzo de 2018, los familiares recibían un escrito similar con la misma contestación de la Junta.

“Mediante este escrito se acusa recibo de la denuncia presentada por usted a la Residencia para Personas Mayores Nueva Aurora de Lucena y pongo en su conocimiento que, desde los servicios de inspección de esta Delegación, se procederá a realizar las actuaciones necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados”. Esta es la respuesta que la Junta ofreció a dos familiares en escritos similares en enero de 2017 y en marzo de 2018, sin que se les haya comunicado si se ha llevado a cabo el procedimiento de inspección ni resultado alguno.

En ambas respuestas de la Delegación de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta se agradece la colaboración de las personas que realizaron la denuncia sobre la residencia de Lucena “pues nos sirve para revisar nuestra actuación en aras de mejorar nuestra atención al ciudadano”. De dicha actuación, nada se ha comunicado a los interesados hasta el momento. Este medio ha querido recabar la información que la Junta tuviera sobre este asunto, sin que se haya pronunciado al respecto hasta el momento.

Por su parte, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una investigación sobre la Residencia Nueva Aurora que acoge a personas mayores en Lucena para tratar de esclarecer si este centro cuenta con los permisos y licencias oportunos. La actuación de oficio abierta por el Defensor del Pueblo trata de conocer los extremos sobre dicha residencia, “que carecería de permisos y licencias”, después de que familiares de una usuaria presentaran una queja.

Así, según consta en el expediente abierto a tal efecto, en junio de 2017, familiares de una usuaria de la Residencia Nueva Aurora de Lucena remitieron un escrito al Defensor en el que relataban que habían tenido a su tía en el centro después que se cayera y se rompiera la cadera en su domicilio. “Desde el hospital de Cabra fue derivada a ese ‘sitio lúgubre’ por llamarlo de alguna manera. Presentamos escrito al fiscal jefe de Córdoba, a la delegada del Gobierno que nos contestó que se tomarían medidas (esto fue el 28 de diciembre de 2016) y… hasta ahora”.

Las quejas de los familiares de esta usuaria se centraban tanto sobre el cuidado, la seguridad y la inadecuada atención que recibía en la residencia, como sobre el estado en que se encontraba el edificio de esta residencia de mayores privada concertada. Los hechos fueron puestos en conocimiento también de un concejal del Ayuntamiento de Lucena, según ha podido saber este medio.

A raíz de la denuncia, el Defensor del Pueblo Andaluz señala cómo, poco después, recibió información de un concejal de la corporación lucentina, en septiembre de 2017, haciendo alusión a la queja expresada por esta familia y, en un escrito al Defensor manifestó “que la Residencia Nueva Aurora carece de los permisos y licencias preceptivos” y “que las condiciones de la misma son indignas para un ser humano”, según consta en el expediente.

Fue entonces cuando el Defensor del Pueblo Andaluz decidió tomar cartas en el asunto: “A la vista de los hechos expuestos y teniendo en cuenta que en los mismos pueden estar viéndose conculcados derechos fundamentales tales como el derecho a la vida y a la integridad física y moral, así como el derecho a la protección de la salud y la obligación de los poderes públicos de promover el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de la tercera edad mediante un sistema de servicios sociales que atienda sus problemas específicos de salud, se incoa queja de oficio a fin de investigar los hechos descritos”.

Según las fuentes consultadas, los hechos se pusieron también en conocimiento del Ayuntamiento de Lucena y este ha mantenido “comunicación directa” con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales sobre este asunto, por si tuviera lugar realizar una inspección de la residencia ante las quejas presentadas.