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La Junta aclara que Cosmos puede valorizar residuos no peligrosos

Imagen de la cementera Cosmos | MADERO CUBERO

Redacción Cordópolis

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El delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco de Paula Algar, ante la demanda de información de la Plataforma Córdoba Aire Limpio sobre si Cementos Cosmos está incinerando residuos y pudiera estar haciéndolo sin autorización, ha aclarado que dicha cementera, por lo que se refiere a la Administración autonómica, tiene autorización para valorizar residuos no peligrosos, pero es cuestión de otras administraciones, como el Ayuntamiento de Córdoba, establecer si finalmente puede hacerlo.

A este respecto y en un comunicado, Algar ha recordado que en 2007 y por parte de la Junta “se otorgó Autorización Ambiental Integrada” a la entonces Sociedad de Cementos y Materiales de Construcción de Andalucía, S.A. (actualmente Cementos Cosmos, S.A.) “para la explotación de sus instalaciones de fabricación de clínker y cemento situadas en el término municipal de Córdoba, así como para realizar la actividad de valorización de residuos no peligrosos y biomasa en dichas instalaciones”.

En dicha resolución, según ha señalado Algar, “se establece expresamente que la misma no eximirá a su titular de la obligación de obtener las demás autorizaciones, permisos y licencias que, en su caso, deban otorgar otras administraciones”, como el Ayuntamiento de Córdoba, y que “sean exigibles de acuerdo con la legislación vigente”.

Posteriormente, en diciembre de 2016, se comunicó a Cementos Cosmos que “ha quedado inscrita como gestora de residuos no peligrosos” y, en consecuencia, “por parte de la Delegación Territorial de Medio Ambiente no existe inconveniente en que se realice la valorización de residuos en las instalaciones, puesto que cumplen con la normativa ambiental de aplicación y mientras sigan cumpliendo con la misma”.

De todas formas, según ha concluido el delegado de Medio Ambiente, “en caso de incumplimiento de otra normativa de aplicación, ajena a la Junta de Andalucía, serían las administraciones competentes las que deberían instar a su cumplimiento”.

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