Un juez pidió el desahucio de la cafetería Gaudí para el 16 de enero

Los números rojos de Cervecerías Gran Capitán SL, la empresa que gestionaba la mítica cafetería Gaudí, se dejaron sentir especialmente en los impagos del alto alquiler del local. Los propietarios del mismo afirman que los retrasos se acumulaban y que directamente habían dejado de abonarse los 6.493,50 euros mensuales desde julio de 2016. A los pocos meses de repetirse la situación y cuando la deuda superaba en total los 67.000 euros, la propiedad acudió a los tribunales. Finalmente, el juez atendió su solicitud de ejecutar una orden de desahucio, fijada para el 16 de enero de 2017, informa Manuel Ramírez, uno de los tres hermanos dueños del local.

Todo ha cambiado, no obstante, por el concurso de acreedores al que se vio arrastrada la empresa Cervecerías Gran Capitán por su ruina económica. El lunes la unidad productiva sale a subasta y con el nuevo inquilino el reloj se pone a cero también en los tribunales. El plazo límite para presentar ofertas será el 2 de enero de 2017 a las 12:00 y las mismas deberán ser iguales o superiores a 80.000 euros.

En las bases de la subasta se especifica que “la oferta será por el total de la unidad productiva, excluida la tesorería de la entidad”. Y la administración concursal de la firma G&G subraya que el comprador se hará con ella “completamente libre de cargas”, algo importante en un negocio que arrastraba una deuda laboral de 156.684,83 euros con sus empleados y alrededor de 67.000 por impagos del alquiler a los propietarios del local, según informan ellos mismos. Pero en la tercera página de las bases se indica que “el oferente adjudicatario asumirá todos los gastos e impuestos derivados de la compra objeto de subasta, así todas las que deriven de las cancelaciones de carga de cualquier tipo, igualmente asumirá las rentas y gastos derivados de los contratos suscritos por la entidad concursada y en vigor, o por rehabilitar como es el caso del contrato de arrendamiento, desde la fecha de adjudicación”.

La deuda que mantenía Gaudí con sus trabajadores y caseros no era la única. Tras prescindir de 11 empleados, la entidad concursada mantenía a un solo trabajador -un administrativo a media jornada- al que se le deben 1.200 euros. Además, existen impagos frente a la Tesorería General de la Seguridad Social que ascienden a 28.445,56 euros.

¿Quien se quede con el negocio deberá asumir todas estas cargas extras? El administrador concursal insiste en que no. “La adquisición está libre de cargas. La deuda del alquiler quedaría saldada porque está incluida en los 80.000 euros de salida que hagan los ofertantes y en cuanto a la deuda con los trabajadores, el Fondo de Garantía Salarial se haría cargo de un 70% y para reclamar el resto, los empleados tendrían que emprender querellas con los nuevos propietarios, algo muy improbable teniendo en cuenta que alcanzaron resoluciones voluntarias de sus contratos con los anteriores dueños del negocio”, subrayan.

No obstante, no todos lo ven tan claro. Manuel Ramírez considera que la deuda por impagos del alquiler no forma parte de la unidad productiva. “Una cosa es la subasta y otra las cargas. A nosotros nadie nos ha dicho que con los 80.000 euros quede saldada esa deuda”, afirma. E insiste en añadir un dato: “Quiero que quede claro que la propiedad no va a pactar con nadie que se quede el negocio una renovación del contrato de alquiler más allá de los tres años que establece el contrato”, subraya Ramírez. “Es decir, quien se lo quede lo hará solo hasta el 9 de noviembre de 2020”, zanja.