El juez que ordena el desalojo de Rey Heredia cree “loable” su trabajo

Rodríguez Laínz insiste en que con la ley en la mano no puede hacer otra cosa que ordenar la salida de los activistas, pero en su auto asegura que el trabajo de la Acampada Dignidad es “sinceramente de agradecer y elogiar ante la necesidad de aunar esfuerzos de solidaridad en favor de tantas personas necesitadas que hay en Córdoba”

Con la ley en la mano, la ocupación del antiguo colegio Rey Heredia por parte de los activistas de la Acampada Dignidad es ilegal y pocas interpretaciones más caben. Esto es lo que trata de justificar en un extenso auto judicial el juez de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, para explicar porqué toma la decisión de ordenar el desalojo del edificio ocupado. En un párrafo de casi una página, Rodríguez Laínz llega a mostrar hasta sus simpatías por el trabajo que están desarrollando en el interior del colegio Rey Heredia los activistas de la Acampada Dignidad. Pero insiste en que no tiene más remedio que aplicar la ley.

“Por muy loable que sea el destino que se le está dando al edificio ello no torna en legítimo el acceso” al mismo “ni supone la inexistencia del ánimo específico que gobierna la decisión de acceder y usurpar”, escribe el juez en el auto en el que da 30 días a la Acampada Dignidad para abandonar el edificio. Pero el juez va más allá y abre unos paréntesis en los que expresa su opinión sobre lo que se ha hecho en Rey Heredia desde que en octubre fue ocupado por los activistas: “cosa que es sinceramente de agradecer y elogiar ante la necesidad de aunar los esfuerzos de solidaridad en favor de tantas personas necesitadas que actualmente residen en Córdoba”.

“Nada influye en su contra que el edificio esté destinado a unos usos sociales de tanta utilidad como los que actualmente se desarrollan en su interior; que el edificio estuviera abandonado, que no en estado de ruina; que la situación jurídica del inmueble estuviera en parte en una nebulosa jurídica; ni que sea un grupo indeterminado de personas el que esté dando uso al inmueble de forma colectiva”, relata el magistrado, que insiste en que “el tipo penal” que le toca juzgar no entra en los fines “loables” a los que se ha dedicado Rey Heredia. El fin no justifica los medios, es lo que viene a decir Rodríguez Laínz, famoso por ser el juez instructor del caso Bretón.

Por eso, el juez usa ya palabras más duras para justificar su decisión de desalojar Rey Heredia: “No puede ampararse, en derecho, por más tiempo tan intolerable situación de absoluto desprecio a la propiedad ajena, que lo son los bienes de titularidad municipal”. “Esta actuación, de hecho, ha representado un flagrante incumplimiento de unas leyes que no son sino el reflejo de la voluntad soberana de un pueblo representado a través de sus instituciones públicas”, insiste el magistrado. “Hacer frente a una posible responsabilidad penal o administrativa derivada de la trasgresión no da derecho a mantener esa situación de vulneración del orden jurídico”, agrega el juez, quien pone un ejemplo que él mismo califica de “tosco”: “yo no adquiero el derecho a circular por la autovía a 180 kilómetros por hora por el solo hecho de pagar cuantas multas se me impongan por exceso de velocidad si se me descubre”.

El juez da, por tanto, un plazo de 30 días para el desalojo voluntario, pero advierte que desobedecer su orden se pondrán los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, “quien se encontrará facultada para entrar en el referido inmueble al efecto de desalojar tanto” a los 14 imputados como “a cualesquiera personas que permanecieren en las instalaciones sin consentimiento previo del Ayuntamiento de Córdoba”.

Mientras, el colectivo Acampada Dignidad ya ha anunciado un recurso ante el auto del juez, que puede acabar retrasando el desalojo, y la petición de una cesión del inmueble al Ayuntamiento de Córdoba. El Consistorio se verá la próxima semana con el Distrito Sur para abordar la cuestión, pero no con Rey Heredia.