El juez da un mes de plazo para que se desaloje Rey Heredia

El magistrado José Luis Rodríguez Lainz atiende así la demanda planteada por la Fiscalía y el Ayuntamiento que pedían echar a los colectivos sociales que ocupan y dan uso al centro

El juez de instrucción José Luis Rodríguez Lainz ha dado un mes de plazo a los colectivos que ocupan el colegio abandonado Rey Heredia para que desalojen el mismo. El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba atiende así la demanda de medidas cautelares reclamada por la Fiscalía que ha pedido al menos en dos ocasiones que se eche a los integrantes de este movimiento ciudadano que ocupan un inmueble propiedad del Ayuntamiento. El Consistorio también reclama el desalojo. El colectivo ha convocado para esta tarde a las 20.30 una asamblea extraordinaria para tratar el tema.

La noticia ha sido recibido con sorpresa “y una inmensa pena” por los colectivos sociales implicados, señala su portavoz, Rafael Juan. Por el momento, no han decidido adoptar ninguna decisión hasta que se reúnan esta tarde en primera instancia y el viernes, seguramente, en una segunda convocatoria. “La gente que viene al comedor social que atiende a más de 100 personas todos los días está llorando. Es así de simple”, decía Rafael Juan esta mañana. Los colectivos no conocen todavía la argumentación que el juez esgrime para atender las medidas cautelares reclamadas por la Fiscalía. “Ayer, cuando declaré delante del juez, éste me preguntaba qué ocurriría si se desalojase el centro. Y yo le contesté que como activistas seguiríamos trabajando donde fuese como hemos hecho siempre, pero que sería irreparable el daño para los usuarios del comedor social, de los talleres de formación y educativos y de tantas cosas que hemos puesto en marcha aquí dentro”, recuerda el portavoz.

La instrucción judicial por la ocupación del antiguo colegio Rey Heredia por parte de colectivos sociales siguió adelante ayer con la declaración de otros seis imputados en la causa. Antes de los interrogatorios el portavoz de la llamada Acampada Dignidad -que desde hace seis meses viene realizando actividades sociales y culturales en el inmueble- explicó que iban a pedir que se archivase la causa, alegando que el edificio abandonado es de propiedad pública y que entre los usos que le han dado, no está el de la residencia de personas, sino el de apoyo y actividades sociales. Un centenar de personas se concentró a las puertas de la Audiencia para apoyar a los compañeros antes de que subiesen al despacho de Lainz.

El número de imputados por la ocupación del antiguo grupo escolar de Rey Heredia es ya de 14 personas. Lainz ha imputado a las seis personas que el pasado 28 de enero visitaron la Acampada Dignidad, a petición del magistrado, para realizar un informe de lo que ocurría allí dentro. Como eran las 16.00, en Rey Heredia sólo había seis personas, que fueron identificadas por los agentes.

Como ya informó este periódico el pasado 28 de enero, la visita de la Policía Nacional se desarrolló en un tono muy amable y cordial, según las fuentes. Los agentes estuvieron dentro del colegio una media hora, en la que fotografiaron las dependencias y preguntaron a los responsables de la Acampada Dignidad por las actividades que realizan en su interior. A la media hora, y siempre de forma muy amable, los policías se marcharon.

El juez instruye una causa en la que el Ayuntamiento de Córdoba está personado y solicita el desalojo de la Acampada Dignidad de un edificio que es de su propiedad pero que llevaba más de dos años vacío. La denuncia que inició la instrucción judicial se produjo en la primera jornada de la ocupación, la tarde del viernes 5 de octubre. Ese día, tras una manifestación contra los recortes de las pensiones, un grupo de personas se concentró frente al colegio, cerrado desde 2011, y abrieron las puertas. A algunos de ellos la policía les ordenó que se identificasen.

Desde entonces, el centro público ha sido remozado, limpiado y puesto en marcha como centro social y nudo de lo que se ha bautizado como la Acampada Dignidad. Y todo, bajo una espada de Damocles municipal que no acaba de caer pero que amenaza, casi desde el primer día, con desalojar a los vecinos y voluntarios del histórico inmueble.