Un juez anula la suspensión de dos años a un trabajador del Imdeco

Es la segunda sentencia que gana el trabajador; en la primera, un juez llamó “burros” a los políticos | Un juzgado mantiene abiertas diligencias contra este empleado, que está imputado por un desfase en las obras del complejo deportivo Azahara

Por segunda vez, el que fuera jefe de servicios de mantenimiento y obras del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), R. B., ha logrado que los jueces de lo Social le den la razón y hayan anulado la segunda suspensión de empleo y sueldo que pesaba sobre él. La primera sentencia, dictada a principios del año 2013, se hizo famosa al considerar que R. B. no era sino una víctima del desacuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta, y para demostrarlo utilizó un curioso símil equino: “Se cumple el proverbio que dice que cuando se pelean los burros, y eso es lo que da la impresión a este juzgador, que los burros se han peleado y paga el arriero, que en este caso no es otro que el empleado público”. El TSJA ratificó el fallo meses después. Ahora, el juzgado entiende que R. B. no era el único empleado que hacía trabajos fuera del Imdeco, por lo que su suspensión de empleo y sueldo sería injusta.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, ha sido dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba. Se refiere a la sanción que por segunda vez le fue impuesta a este empleado (la primera, ya anulada). En concreto, el consejo rector del Imdeco decidió el 22 de marzo de 2013 suspender de empleo y sueldo, y por dos años, a R. B. al considerarlo responsable de la comisión de una falta “muy grave”. A la semana siguiente, el empleado se fue a los juzgados.

Aunque el juez le ha desestimado otras peticiones, entiende que en Imdeco había otra trabajadora que “venía realizando simultánea y privadamente” otros empleos ajenos al Ayuntamiento. De hecho, cuenta con un despacho profesional además de ser directora del Servicio de Administración del Imdeco.

“El señor R. B. no era el único trabajador que compatibilizaba su actividad privada con la desarrollada en el Imdeco, sin autorización escrita, extremo éste que era perfectamente conocido y que consta en el expediente”, según insiste el juez en su sentencia, que es firme. Por eso, en la próxima Junta de Gobierno Local, el Ayuntamiento está obligado a levantar la suspensión de empleo y sueldo contra este trabajador.

No obstante, el juez precisa que esta sentencia no tiene nada que ver con las diligencias que se llevan a cabo en el Juzgado de Instrucción número cuatro de Córdoba contra este trabajador. R. B. está imputado por un supuesto delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. El caso de las deficiencias en la obra del Complejo Deportivo Azahara se remonta a comienzos del 2009, cuando el entonces responsable del servicio de Mantenimiento y Obras del organismo municipal redacta el proyecto para la posterior licitación a la que concurren nueve empresas. La valoración de R. B. es clave para que una de ellas, Construcciones López Porras, se lleve el contrato, cifrado en más de 700.000 euros, según sostiene la acusación. Este funcionario también firma las sucesivas certificaciones de obra, cuyo valor suma 330.085 euros, así como la certificación final que pasa de 371.633 euros a 408.258 euros, según consta en los diferentes escritos.