La juez Alaya imputa cuatro delitos al exgerente de Faecta Córdoba

Francisco Moyano Toro se acoge a su derecho a no declarar, al igual que dos extrabajadores de Matadero de Fuente Obejuna, imputados como intrusos en el ERE

La juez sevillana Mercedes Alaya, que instruye la macrocausa judicial de los supuestos ERE fraudulentos de Andalucía, ha imputado cuatro delitos al exgerente de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas y de Trabajo (Faecta) en Córdoba, Francisco Moyano Toro, que ha pasado hoy por el juzgado. Moyano se ha acogido a su derecho a no declarar. No obstante, Alaya ha decidido imputarle por la comisión de cuatro delitos: prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial y fraude de subvenciones.

La juez sevillana considera a Moyano responsable de “la utilización ilegítima de los fondos recibidos” de una subvención de 20 millones de pesetas para poner en marcha un plan “inexistente” para la supuesta reinserción de 39 extrabajadores de la empresa Azahara Textil al sector de la automoción. Ninguna de las partes ha solicitado ningún tipo de medida cautelar para el exgerente de Faecta Córdoba. No obstante, la Fiscalía ha solicitado que se considere a Faecta como responsable subsidiaria de la posible sanción económica que pueda recaer en un futuro, y que sería de unos 42.000 euros.

Según el atestado de la Guardia Civil en el que se ha basado la juez Alaya para formalizar la imputación de Moyano, y desvelado el pasado mes de marzo por la agencia EFE, Faecta recibió 120.481 euros para formación de desempleados y justificó con cargo a ello seis meses de alquiler de su sede en Córdoba, pese a que el curso se impartió en un local cedido gratis y durante tres meses. Según el instituto armado, esa ayuda fue objeto de revisión en el 2013 por la Consejería de Economía, quien constató que no hubo una solicitud previa de la ayuda, ni memoria justificativa que razonase su “finalidad pública e interés social y económico”, y además el convenio carecía de “motivación coherente”.

El objeto de la ayuda, concedida en el 2001, era preparar a los trabajadores de la empresa Azahara Textil para reubicarlos en otra actividad empresarial, en concreto en automoción, y para la puesta en marcha de un plan de viabilidad. La federación de cooperativas, según la Guardia Civil, justificó un total de 2.096 euros por el alquiler del local para impartir las clases, cantidad que “corresponde con seis mensualidades de las dependencias en las que se ubicaba Faecta Córdoba” y las clases “fueron impartidas en unas dependencias del Ayuntamiento de Córdoba cedidas gratuitamente”, señalaba la agencia EFE en su información. “El curso duró unos tres meses, no obstante tanto los gastos de alquiler como las nóminas de los tres asalariados de FAECTA corresponden con seis mensualidades”, añade el informe.

Por otra parte, ante la juez Alaya también han comparecido otros dos cordobeses: Santiago Romero Romero e Inocencio Estévez Pérez. Estos dos están acusados de ser intrusos en el ERE de Matadero de Fuente Obejuna, sospechoso de fraude. Ambos se han acogido también a su derecho a no declarar.