La juez Alaya archiva la causa en la que imputó a José Romero y dos Sánchez Ramade

La magistrada investigaba la venta de suelos de MercaSevilla y considera prescritos los supuestos delitos que se cometieron; también absuelve a los hermanos de la ministra de Empleo Fátima Báñez

La titular del Juzgado de Instrucción número seis de la Audiencia Provincial de Sevilla, la juez Mercedes Alaya, ha archivado la causa que investigaba la supuesta venta irregular de suelos de Mercasevilla y por la que imputó a tres empresarios cordobeses: el dueño de la promotora Prasa José Romero y a Martín Eugenio Sánchez Ramade Moreno y Vicente Sánchez Ramade Carrascosa, del consejo de administración de Edamar (Ramade al revés). En la causa también estaban imputados dos hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez. En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, la juez entiende que los tres delitos que se investigaban han prescrito.

Estos empresarios estaban imputados por, presuntamente, haber presentado ofertas falsas en la adjudicación de unos suelos propiedad de Mercasevilla en un concurso convocado por el Ayuntamiento de la capital andaluza. Según sospechaba la juez Mercedes Alaya, apoyada en las indagaciones de la Guardia Civil, el concurso ya estaba adjudicado a la empresa Sanma y todas estas compañías que se presentaron a la firma lo sabían. Según la juez, la oferta de Sando no era la más ventajosa para las arcas municipales de todas las que pretendían hacerse con el suelo de Mercasevilla. La juez sostiene que estas empresas no incluyeron en sus propuestas ni oferta técnica ni social, de forma deliberada, para no resultar adjudicatarias.

Sin embargo, la magistrada entiende que los tres delitos que investigaba (prevaricación, maquinación y fraude y exacciones ilegales) han prescrito. En cualquiera de estos tres delitos, el plazo de prescripción es de cinco años. El contrato por la venta de suelos se firmó en febrero del año 2006. La juez Alaya ha tomado esta decisión después de un escrito de la Fiscalía de Sevilla en el que aseguraba que los delitos existían pero que ya habían prescrito. Este escrito, a su vez, respondía al recurso presentado por el abogado de José Romero.