El Gobierno señala a la Junta como competente para frenar la instalación de plantas fotovoltaicas en suelo agrícola

El Gobierno de España ha respondido en el Senado a una batería de preguntas formuladas por senadores del Partido Popular, entre ellos el cordobés Fernando Priego, sobre la proliferación de proyectos de plantas fotovoltaicas en suelos agrícolas de regadío y de alto valor productivo. En su contestación, el Ejecutivo central reconoce la preocupación existente en el sector agrario, pero recuerda que la competencia para ordenar el territorio, clasificar el suelo y proteger las superficies agrícolas corresponde a las comunidades autónomas.

El documento, fechado el pasado 1 de septiembre, recalca que la Junta de Andalucía es la administración que tiene en su mano impedir que las instalaciones de renovables se extiendan sobre terrenos de especial interés agrícola. “Las comunidades autónomas pueden adaptar su normativa para proteger las superficies agrícolas productivas”, señala la respuesta oficial.

En este sentido, el Gobierno recuerda que la legislación estatal en materia eléctrica y de transición energética —como la Ley del Sector Eléctrico (2013) y el Real Decreto 244/2019 sobre autoconsumo— promueve un despliegue de renovables sostenible, apostando por fórmulas compatibles con la actividad agrícola, como el autoconsumo compartido o los sistemas agrivoltaicos, que combinan la producción de energía y la agricultura en la misma superficie.

El Ejecutivo subraya que la normativa más reciente, como el Real Decreto-ley 24/2021, ya establece criterios para reforzar la planificación territorial de los proyectos renovables y garantizar la participación pública en su tramitación. No obstante, insiste en que son las comunidades las que deben decidir qué suelos son estratégicos y preservarlos frente a proyectos industriales.

Quejas vecinales y alegaciones

La respuesta parlamentaria llega en pleno debate social y político en la provincia de Córdoba, donde colectivos vecinales, agricultores y asociaciones ecologistas han alegado contra grandes proyectos fotovoltaicos al considerar que ponen en riesgo tanto el paisaje como el equilibrio medioambiental y el futuro del campo cordobés. En municipios como Montilla, Montoro, Bujalance, Aguilar de la Frontera o Baena ya se han presentado alegaciones contra macroplantas solares por su impacto ambiental y sobre los recursos agrícolas.

El Gobierno defiende que su objetivo es garantizar un equilibrio entre agricultura y renovables, preservando la seguridad alimentaria y la productividad del suelo. Para ello, señala las inversiones que el Ministerio de Agricultura está ejecutando en modernización de regadíos y el impulso a tecnologías que permitan reducir el consumo de agua y energía, al tiempo que se integran fuentes renovables en beneficio del sector primario.