IU lleva al Congreso el caso de las 'listas negras' en la Policía

La formación pide la dimisión del subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, al que llaman “jefe provincial del Movimiento”

Izquierda Unida va a exigir explicaciones en el Congreso de los Diputados sobre la aparición de nombres y apellidos de cargos y familiares de esta formación política en informes de la Brigada de Información de la Policía Nacional en Córdoba. Según denunció la coalición de izquierdas, se han hallado documentos que contienen nombres, apellidos, direcciones, DNI, fechas de nacimiento y nombres de los padres, de ciudadanos y miembros de IU que, en algunos casos, participaron en la manifestación en Córdoba el pasado mes de febrero en solidaridad con los estudiantes de Valencia y otros datos de personas que no participaron en esta protesta.

El diputado de IU por Valencia Ricardo Sixto se ha reunido esta mañana con militantes de IU y con miembros del recién constituido Movimiento antirrepresivo de Córdoba. Después, Sixto ha anunciado que su formación pedirá la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados del director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, y también presentará en la Mesa del Congreso una serie de preguntas dirigidas al Ministerio de Interior, Jorge Fernández Díaz.

Sixto ha pedido, además, la dimisión o el cese del subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, al que ha llamado “jefe provincial del Movimiento” y lo consideran responsable de liderar la Brigada de Información de la Policía Nacional “que ha estado haciendo informes de quien acudía a manifestaciones e identificándolos a través de terceros”. Este diputado de IU, que habla de “estado de represión generalizada”, considera que no se puede ni identificar ni sancionar a nadie que acuda a manifestaciones que no están convocadas siempre y cuando no se produzcan incidentes, como ha ocurrido en el caso de las protestas en Córdoba. “Esto es un comportamiento inusitado para una democracia”, dijo. “Aquí el subdelegado impone deliberadamente multas en manifestaciones pacíficas”, agregó, para insistir en que hasta donde sabe la formación política a la que pertenece Córdoba es la única provincia en España donde le consta la existencia de listas negras por parte de la Policía Nacional.

El senador de IU José Manuel Mariscal se mostró preocupado por que en estos informes de la Policía aparecen nombres y apellidos no sólo de él y de cargos públicos de IU como la consejera de Fomento Elena Cortés, sino de “mis propios familiares”. “Lo que más me preocupa es que estas listas negras pasen a manos de la extrema derecha en España y que ésta se pueda acabar infiltrando dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”, dijo.

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba defendió en su día que “en todos los procedimientos sancionadores que se incoan por la organización de manifestaciones y concentraciones no comunicadas en tiempo y forma se respeta escrupulosamente la legislación”. “Si existe reiteración en la apertura de expedientes sancionadores por la organización de manifestaciones o concentraciones en la vía pública no comunicadas, se debe a que los responsables de las mismas han sido identificados por los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en dichos actividades, conforme establece la normativa vigente”, añade la representación del Ejecutivo en Córdoba a través de una nota de prensa.

La Subdelegación del Gobierno recuerda que “cualquier manifestación o concentración desarrollada en la vía pública ha de ser comunicada en tiempo y forma, o de lo contrario, tal y como está establecido en el ordenamiento jurídico, es obligada la apertura de un expediente sancionador a los organizadores de la misma. Dicho expediente es un procedimiento administrativo de cuyo estado los interesados tienen derecho a estar informados, en todo momento, por lo que existe la obligación de facilitarles el contenido integro de sus expedientes cuando así lo soliciten”. Además, insiste en que una vez recibidos tales expedientes, dichos interesados “tienen la obligación y el deber de respetar la confidencialidad de los datos de terceros afectados que pudieran aparecer en cada procedimiento. Y por tanto, si existiese alguna filtración de los datos que obren en su poder como interesados, dicha publicación se realiza bajo la responsabilidad debe quienes hayan recibido esa información confidencial, para uso del ejercicio de sus propios derechos, tal y como regula la Ley de Protección de Datos”.

Por tanto, la Subdelegación del Gobierno en Córdoba “no ha hecho otra cosa que cumplir escrupulosamente con su función, que es la de velar por la legalidad y la convivencia necesarias en un Estado de Derecho”, concluye el comunicado.