IU critica la falta de presupuesto de la ley contra la violencia de género

La portavoz adjunta de IULV-CA en el Parlamento andaluz, Elena Cortés, ha criticado este viernes que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, pretenda reformar la actual Ley contra la Violencia de Género “a la manera de Rajoy”, es decir, sin que ello suponga incremento presupuestario alguno.

En rueda de prensa en Córdoba, Cortés ha afirmado que Díaz y la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, “van a pasar a la historia de la comunidad autónoma y de la lucha de las mujeres contra la violencia de género por haber remitido al Parlamento un nuevo texto, que modifica” la Ley contra la Violencia de Género que está en vigor, pero “sin memoria económica y trasladando en el expediente administrativo que la nueva ley no va a suponer ningún gasto adicional para la prevención de la violencia de género”.

Esto significa, según ha subrayado Cortés, que, “a la manera” del presidente del Gobierno de la nación, Mariano Rajoy, la presidenta andaluza y la consejera de Justicia “presentan una modificación de la ley en vigor sin aumento presupuestario”.

Pero es que, además, “en el caso de la Ley de Igualdad de Andalucía, que también han aprobado su modificación” en el Gobierno andaluz y “que también remitirán al Parlamento”, el “pírrico aumento” presupuestario que han previsto para ello “se cifra en 960.000 euros” que, además, se destinan “íntegramente para capítulo uno (gastos de personal) del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)”.

Junto a ello, la falta de compromiso con la igualdad y los “incumplimientos” de compromisos en este ámbito que, según ha opinado Cortés, caracterizan la labor del Gobierno andaluz, también incluye que “el Plan Andaluz de Igualdad entre mujeres y hombres lleva caducado desde 2013”.

Por otro lado, la portavoz de IULV-CA ha afirmado que el “protocolo voluntario para las empresas” contra el acoso sexual “ni siquiera se monitoriza”, cuando la Ley de Igualdad en vigor dice que el Gobierno andaluz debe “adoptar las medidas necesarias para la protección eficaz contra el acoso sexual”.

Además, según Cortés, la presidenta de la Junta no ha cumplido su promesa electoral de “tener una matrona por cada centro de salud en Andalucía”, a la vez que “se escuda en el Tribunal Constitucional” para justificar que las mujeres andaluzas no puedan ejercer su derecho al aborto en la sanidad pública, lo que las obliga a tener que hacerlo en la sanidad privada o concertada.

A esto se suma, igualmente, que la Junta “no ha movido ni un dedo para garantizar el acceso a la titularidad compartida en las explotaciones agrarias y ganaderas”, y tampoco se ha regulado “un Fondo Andaluz de Pensiones Impagadas previsto en la Ley contra la Violencia de Género” de Andalucía, mientras que, por último, “llevan desde 2014 elaborando un Plan Andaluz contra la Trata de mujeres y niñas, que en este momento están en condiciones de esclavitud en Andalucía, y del que nada se sabe”.