IU critica la colaboración público-privada con la que se hizo la Ciudad de la Justicia

La portavoz adjunta de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía, Elena Cortés, ante la prevista “reinauguración” de la Ciudad de la Justicia de Córdoba este miércoles por el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha criticado el modelo de colaboración público-privada que la hizo posible.

En este sentido y en un comunicado, Cortés ha señalado que la colaboración público-privada “nos pone en manos del poder financiero y no garantiza el interés general”, apoyándose la parlamentaria cordobesa para hacer tal afirmación en un informe del Tribunal de Cuentas Europeo que, según ha indicado Cortés, “plantea que el modelo de colaboración público-privada no es una opción económica viable para la construcción de infraestructuras públicas”.

Cortés ha manifestado que dicho informe “señala cinco aspectos llamativos de este mal llamado modelo de colaboración público-privada: la insuficiencia generalizada, gastos ineficaces, la falta de transparencia, los retrasos en la entrega de las obras y la sombra de la corrupción, ya que no se garantiza la protección del interés público”.

A este respecto, Cortés ha dicho que, “como ya denunció IU, hace ya algunos años, la colaboración público-privada multiplica por cuatro el precio de las infraestructuras o servicios” y, “en el caso de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, la obra se licitó por 50 millones de euros, pero desde las arcas públicas se devolverán 250 millones de euros”.

Junto a ello, Cortés ha indicado que el Tribunal de Cuentas Europeo “ha fiscalizado distintas obras de infraestructuras que se han materializado a través de este modelo y corrobora que esta manera de proveer a la ciudadanía supone es ponernos en mano del poder financiero que, al final, es quien gana y quien se lleva los beneficios”.

Por eso, ante “la segunda o tercera inauguración de la Ciudad de la Justicia de Córdoba”, IULV-CA espera que “la presidenta de la Junta de Andalucía se pronuncie en contra de este modelo de colaboración público-privada”, exigiéndole que “destierre del Gobierno andaluz cualquier proyecto que tengan para abordar a través de éste ante la claridad del informe del Tribunal de Cuentas Europeo”.

También se pronunció en el mismo sentido la Cámara de Cuentas de Andalucía, pues, según ha afirmado Cortés, certificó en su momento que “hacer infraestructuras a través de este modelo supone perder dinero de las arcas públicas, no defender el interés general y, como señala el órgano europeo, dejar que la sombra de la corrupción planee sobre dichos proyectos”.