Igualdad incrementa en 878 los beneficiarios de las ayudas a la Dependencia en la provincia

La delegada de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta en Córdoba, Inmaculada Troncoso, ha explicado este miércoles la propuesta de Pacto de Estado por la Dependencia, anunciado por la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, y ha señalado que se han incrementado en 878 los beneficiarios de las ayudas en la provincia en el último año.

En rueda de prensa, Troncoso ha detallado que la petición del Gobierno andaluz pasa, entre otros puntos, por cumplir la Ley, “una normativa que obliga a la Administración central a asumir el 50 por ciento de la financiación”. Ahora mismo “esas cifras están descompensadas, ya que la Junta aporta hasta el 82 por ciento, unos 1.200 millones de euros, y desde el Gobierno central solo financian el 18 por ciento, unos 285 millones de euros”, según ha señalado la delegada.

En 2020, la Consejería va a “garantizar” estas prestaciones con los 1.509 millones de euros del Programa de Atención a la Dependencia, Envejecimiento Activo y Discapacidad en Andalucía. De dicha cifra, 1.305 millones de euros se destinan a Dependencia a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia.

Teniendo en cuenta la dotación de los dos primeros años de la legislatura, la subida acumulada de fondos para atender a la Dependencia ha sido del 10,7 por ciento, lo que supone 127 millones de euros más que en 2018 para toda la comunidad autónoma.

Troncoso ha dado a conocer las medidas adoptadas por el actual Ejecutivo autonómico para aumentar el número de beneficiarios y reducir el tiempo de las listas de espera, dado “el colapso” con el que la Consejería y las delegaciones territoriales se encontraron hace un año.

En este sentido, la delegada ha afirmado que, durante el primer año del nuevo Gobierno andaluz, los beneficiarios de las ayudas a la dependencia en Córdoba se han incrementado en las mencionadas 878 personas, pasando de 22.248 atendidas durante el año 2018 a 23.126 atendidas en 2019.

En la misma línea, el número de prestaciones en la provincia ha pasado de 29.536 a 31.150 durante este periodo, lo que supone un incremento de 1.614. “El esfuerzo que está haciendo la Consejería, pese a la desigualdad en la financiación, se demuestra con datos”, según ha indicado la delegada, resaltando que “la apuesta de la Administración autonómica por este servicio es firme e incuestionable”.

La delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, ha asegurado, además, que “el deterioro de los servicios en materia de dependencia llevado a cabo por el anterior Ejecutivo socialista se evidencia también en la lista oculta de espera, con 2.812 personas que no estaban grabadas en el sistema en la provincia de Córdoba”.

En total, en la provincia se han grabado durante este último año 13.957 solicitudes y se han realizado pagos por valor de 129 millones de euros, de los que 1,1 millones se han destinado al refuerzo de personal de los Servicios Comunitarios, mientras que el resto han sido para prestaciones.

Toncoso ha señalado que, para poder establecer un sistema de financiación “ajustado a la realidad, que sea sostenible en el tiempo y capaz de dar respuesta solvente al envejecimiento de la población con los niveles de la dependencia esperados, es fundamental la revisión de los cálculos, manifiestamente erróneos, recogidos en el Libro Blanco de la Dependencia de España (2004), en los que se basó la redacción de la actual Ley de la Dependencia”.

Además de la financiación, la delegada ha destacado que la prevención de la dependencia “es un elemento importante para dar sostenibilidad en el tiempo al sistema”, ya que el constante crecimiento de la población mayor de 65 años y, especialmente, la población de 80 años y más, “es un fenómeno sin precedentes al que se va a tener que enfrentar el Servicio Andaluz de Ayuda a Domicilio”.

Así, ha destacado que el pacto propuesto por la Junta de Andalucía plantea que “se destinen recursos reales, efectivos y evaluables que favorezcan la autonomía personal, retrasando de este modo la aparición de situaciones de dependencia”. El documento también propone la inclusión de recursos de atención para personas con patologías potencialmente “cronificables”.

Por otra parte, Troncoso ha señalado la necesidad de reconocer en la cartera de servicios de prestación para la dependencia a las personas con discapacidad mayores de 65 años, “con el fin de que no tengan que abandonar los recursos al cumplir dicha edad”.

La delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha explicado que el documento plantea unificar y simplificar los distintos procedimientos, así como revisar la intensidad de protección de los servicios, “a fin de dar una respuesta real a las necesidades de las personas en situación de dependencia y de sus cuidadores”.

Por último, Inmaculada Troncoso ha dicho que “el documento de Pacto de Estado insta a la adhesión de las diferentes fuerzas políticas, colectivos, agentes sociales y de cualquier otra entidad representativa de los intereses de las personas en situación de dependencia”.