Una herramienta pionera contra la ciberdelincuencia de género
El Instituto Andaluz de la Mujer pone en marcha un protocolo específico para atender a las víctimas de violencia vinculada a las nuevas tecnologías
El 20% de las consultas que reciben los profesionales del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) que atienden a víctimas de violencia de género las hacen menores de 30 años, en su mayoría nativas tecnológicas, que utilizan las nuevas tecnologías y las redes sociales como una manera natural más de relacionarse. Y con la misma naturalidad, ese es un conducto más por donde la violencia de género circula.
Con el fin de detectar los casos de maltrato vinculados a las nuevas tecnologías y establecer un plan de actuación adecuado en estos casos, la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) han puesto en marcha un protocolo específico contra la ciberdelincuencia de género, una iniciativa andaluza que es pionera en España.
Se trata de dotar de conocimientos y de herramientas informáticas apropiadas a los profesionales del IAM que atienden a las jóvenes, con el fin de poder detectar los casos de violencia de género que utilizan internet y redes sociales, adecuar la seguridad informática necesaria y coordinar las acciones desde el ámbito psicológico, jurídico y social.
Dado el auge de la violencia de género en las nuevas tecnologías con casos de ciberacoso, control del teléfono, exhibición pública de fotografías y vídeos privados, etcétera, este protocolo ofrece al equipo de profesionales del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) las herramientas y pautas necesarias para atender de manera adecuada a las víctimas y a quienes presentan síntomas de sufrir violencia vinculada a las nuevas tecnologías, según han explicado este martes la delegada provincial de Salud, María Ángeles Luna, y la coordinadora provincial del IAM, Mercedes Bermúdez.
El protocolo establece un marco específico para detectar y actuar contra un tipo de maltrato que se expande por los canales de relación y comunicación utilizados por la juventud y que genera riesgos como la multiplicación de sus efectos por la capacidad de difusión, repetición y viralidad; el mayor anonimato del agresor; la posibilidad de que se dé una suma de maltratadores; la continuidad en el tiempo; la ilimitada exhibición de la intimidad; las posibilidades de suplantación de la personalidad de la víctima, o la facilidad para el control permanente a través de medios como geolocalizadores, estado online o seguimiento de conexiones.
Con este protocolo, los profesionales del IAM cuentan con unas pautas establecidas para la detección y actuación ante cualquier señal de alarma y establece medidas que pueden aplicarse en cualquiera de las fases del proceso de atención a la víctima por los psicólogos, abogados y trabajadores sociales del IAM. Una vez recogida toda la información, se elaborará un diagnóstico y una planificación donde se valorará la conveniencia de seguir pautas de seguridad informática y, en coordinación con el área jurídica, las medidas legales necesarias.
Asimismo, esta iniciativa subraya la importancia de la prueba electrónica en la denuncia de violencia de género y en todo el proceso judicial. En este sentido, se dan pautas a las víctimas para garantizar su seguridad informática –custodia de información, copias de seguridad, protección de la red wifi, consulta técnica ante geolocalizadores o aplicaciones espías– y para recabar las pruebas que puedan servir en un juicio, como imágenes, vídeos, capturas de pantalla o mensajes de whatsapp.
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