Gómez no conocerá la sentencia de Malaya hasta el mes de mayo

El Tribunal Supremo se concede otros tres meses más para deliberar sobre una sentencia que afecta al futuro del líder de UCOR, que aún no ha anunciado si se presentará o no a las elecciones municipales

Tres meses más. Esta mañana, los cinco jueces de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo han firmado un auto por el que amplían en tres meses más, a contar a partir de hoy, el plazo que tienen para deliberar sobre la sentencia definitiva del caso Malaya, que afecta al exconstructor y empresario Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokán, hoy líder de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba. De esta manera, Gómez no conocerá al menos hasta el próximo 2 de mayo, casi en plena campaña electoral, su sentencia definitiva, que podría inhabilitarlo para presentarse a las elecciones municipales del 24 de mayo.

El concejal cordobés recurrió la sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Málaga, y que le condenaba a seis meses de prisión por un delito de cohecho, al igual que la Fiscalía Anticorrupción. El Tribunal Supremo se había dado de plazo hasta el viernes pasado para firmar la condena definitiva de Rafael Gómez. También la del resto de procesados por el caso Malaya. 

No obstante, y según el auto al que ha tenido acceso este periódico, el volumen de la sentencia que se está redactando (tiene 5.814 folios) y el número total de recurrentes (55 abogados, con sus respectivos defendidos) han hecho imposible que los cinco jueces encargados hayan tenido tiempo para firmarla. Así, el propio auto señala que el primer recurso llegó al Tribunal Supremo en julio de 2014 y que en septiembre se concedió una prórroga de tres meses que expiraba el 31 de enero. Ahora, se vuelve a conceder la misma prórroga.

Del contenido de la sentencia puede depender el futuro de las elecciones municipales en Córdoba. Según ha podido saber este periódico, hace unas dos semanas Rafael Gómez se reunió con militantes de su partido, UCOR, y les reiteró su intención de presentarse a las elecciones. Fuentes del entorno de Gómez han insistido en que su decisión es “imprevisible” y que su propia familia le estaría presionando para que no diese el paso de volver a concurrir a los comicios. Sin embargo, las fuentes insisten en que la decisión dependerá única y exclusivamente de él mismo.

En el caso de que Gómez decidiese concurrir a las elecciones y de que conociese la sentencia de Malaya el 2 de mayo, se podría producir algo inédito en Córdoba. Si la sentencia fuese desfavorable a los intereses de Gómez y atendiese la petición de la Fiscalía Anticorrupción, la Junta Electoral tendría que decidir si el candidato podría concurrir o no a los comicios apenas 22 días después.

En el caso de Rafael Gómez la petición del fiscal vuelve a ser la inicial: 18 meses y un día de cárcel y 1,2 millones de indemnización por un delito de cohecho activo más las costas del proceso. En el escrito de recurso de la Fiscalía Anticorrupción al que ha tenido acceso este medio se entiende como “injusta” la condena de 6 meses de prisión y 150.000 euros que la Audiencia Provincial de Málaga impuso en su día al empresario y líder de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba por su participación en el caso Malaya. El eje sobre el que pivota el recurso del Ministerio Público es la minoración de la pena inicialmente prevista por una circunstancia atenuante de irregularidades en el arresto del constructor.

Según el escrito del Ministerio Público, la resolución de la Audiencia es “totalmente novedosa” y, en consecuencia, no se encuentran precedentes de que una posible irregularidad en un arresto comporte una reducción en la pena solicitada. Y no la hay, continúa el fiscal, “porque no es lógico” ya que aquellas personas que hayan sufrido una detención irregular tienen fórmulas previstas en el ordenamiento jurídico para reclamar compensaciones económicas al Estado o responsabilidades civiles o penales contra el funcionario o la autoridad responsable de tal irregularidad.