El Gobierno pierde la votación de los remanentes, la gran batalla de Bellido

Ha sido el debate político del verano. No solo a nivel nacional, sino sobre todo local. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, es vicepresidente de la Comisión de Hacienda de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de España. Y ha sido desde ese cargo desde donde ha liderado la oposición del PP al decreto sobre la cesión y uso de los remanentes municipales por parte del Gobierno.

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves convalidar el decreto ley que recoge el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la cesión de los remanentes de los ayuntamientos, que ha quedado derogado. En concreto, el texto ha sido tumbado por 193 votos en contra, frente a 156 síes. El Ministerio de Hacienda alcanzó a última hora un acuerdo con sus socios de Unidas Podemos que ha permitido el apoyo de los morados y sus confluencias, pero no ha logrado sumar a ningún otro grupo parlamentario.

Se trata de la primera vez que el Gobierno de coalición de socialistas y morados pierde una votación sobre la convalidación de un decreto ley.

El decreto causó una fuerte oposición del PP, que se negó a convalidarlo. Y parte, precisamente, para modificar otro polémico decreto que el PP aprobó gracias a su mayoría absoluta. Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda aprobó una norma que impide, de facto, que los ayuntamientos puedan usar sus remanentes de tesorería. Es decir, el dinero que dejan de gastar ejercicio tras ejercicio. El superávit. Ese dinero se queda en el banco y ayuda a cuadrar las cuentas estatales, con una notable reducción del déficit público.

Ahora, el Gobierno tiene prácticamente que empezar de cero. Bellido siempre sostuvo que el trabajo en la FEMP no iba por mal camino antes de que el PSOE optara por el decreto que permitía al Gobierno disponer de los remanentes de los ayuntamientos. El PP quiere que esos remanentes sean, precisamente, para los ayuntamientos, y no una especie de préstamo al Gobierno a devolver dentro de unos cuantos años.

En su defensa del real decreto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reprochado a los demás grupos que no hayan “presentado ninguna alternativa viable” dentro del actual orden legal. Montero ha recordado que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria (aprobada en 2012 por el Gobierno de Rajoy) y el artículo 135 de la Constitución (reformado por el PSOE y el PP en el verano de 2011) los que impiden que los ayuntamientos utilicen su propio superávit, que se queda depositado en los bancos a la espera de ser usados para pagar deuda.

El Ejecutivo no tiene pensado iniciar una segunda ronda de negociaciones para un nuevo decreto que satisfaga las demandas de todos los ayuntamiento, según ha adelantado la ministra de Hacienda.