El gobierno municipal critica que el proyecto de tanatorio declarado ahora ilegal haya costado 115.000 euros

El gobierno municipal de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba ha criticado que el proyecto ideado en el anterior mandato para la construcción de un tanatorio en el cementerio de San Rafael, cuya licencia ha sido declarada ahora ilegal por un juzgado, haya costado 115.000 euros a las arcas municipales.

En esos términos se ha referido al tema la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, quien ha señalado que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha declarado “ilegal” la concesión de la licencia que la Gerencia de Urbanismo concedió a Cecosam para la construcción de un tanatorio en el cementerio de San Rafael, al no poder establecerse en suelo urbano según estipula el PGOU y por defectos del forma del propio proyecto.

“A las arcas municipales le ha costado 115.000 euros. Ese es el precio de la mala gestión, el de gastar dinero en cosas ilegales”, ha afeado sobre el proyecto que sacaron adelante en el mandato municipal anterior los socios de gobierno, PSOE e Izquierda Unida.

Pedro García (IU):“Las licencias son actos reglados, no las damos los políticos”

Sobre este asunto, el portavoz de IU y anterior presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo cuando se concedió esta licencia, Pedro García, ha dicho que dicha concesión “es un acto reglado. No la damos los políticos, sino que tienen unos informes técnicos y se dan”.

Sobre ello, ha dicho que el Ayuntamiento de Córdoba “tiene mucha transparencia en ese sentido porque hay una Comisión de Licencias, son actos reglados y los responsables técnicos tienen solvencia. Luego, el Urbanismo es interpretable y ahí entra el juez”, ha dicho sobre la sentencia acerca de la que ha mostrado su “respeto absoluto”.

Festival de las Callejas

Desde el gobierno municipal también se han referido a otra sentencia que, en este caso, da la razón parcialmente a la entidad Casas Señoriales de Córdoba SL, como organizador del Festival de las Callejas que, en el año 2018, no había pagado el Ayuntamiento. Ahora, un juez le da la razón y se debe abonar cerca de 60.000 euros.

Isabel Albás ha precisado que, en ediciones anteriores, se hizo “un contrato menor por una simple asistencia técnica”, pero que en la edición que ha acabado en los tribunales el montante era cercano a los 60.000 euros y “hay que gestionar los recursos de manera legal”, en referencia al informe de Intervención que puso un reparo para el abono de esa cifra y el asunto acabó en el juzgado. Ahora, el Ayuntamiento deberá pagar ese dinero y las costas.