Fedetaxi propone matrículas azules para combatir el intrusismo

Taxis con la matrícula azul en Holanda
La Federación Española del Taxi propone instaurar este distintivo para identificar cuáles son los vehículos que operan en el marco de la legalidad

Matrículas con fondo azul de taxis y vehículos autorizados de transporte de viajeros de hasta nueve plazas. Esa es la propuesta que la Federación Española del Taxi (Fedetaxi), la mayoritaria del gremio, sugiere como forma de frenar el creciente intrusismo en un sector gravemente azotado por la crisis económica. El gasto que supondría el cambio de placas recaería "exclusivamente" sobre los titulares de los vehículos.

La medida, puesta en marcha con éxito en países europeos como Holanda, no conlleva coste económico y solo requiere una modificación mediante orden ministerial del anexo XVIII del Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre, que regula el Reglamento General de Vehículos sobre las placas de matrículas. El distintivo de fondo azul permitiría identificar con claridad cuáles son los vehículos que operan en el marco de la legalidad, respetando todas las garantías estipuladas por ley, y dejaría en evidencia aquellos transportes "piratas" que atentan contra la leal competencia en el mercado. Asimismo, facilitaría las labores de inspección de un cuerpo administrativo que ya ha alertado públicamente de la falta de medios e instrumentos legales para atajar estas malas prácticas.

Según Fedetaxi, "la proliferación de plataformas digitales de intermediación en este sector, en unos casos como redes ilegales de transporte bajo la falsa apariencia de economía colaborativa, como es el caso de Uber, ha contribuido al "efecto llamada" al intrusismo. El fenómeno está en absoluto descontrol por parte de las administraciones competentes", subraya el comunicado.

La citada placa con fondo azul representaría un "elemento disuasorio" para quienes practican el intrusismo y una herramienta de control para la policía y los cuerpos de inspección de transporte. Además, agrega Fedetaxi, "favorecería la percepción de seguridad de los usuarios, particularmente de los turistas, que saben de esta forma, y con exactitud, si están contratando o no con una empresa autorizada legalmente".

El instrumento normativo para introducir esta medida en España está en manos del Gobierno ya que no precisa ningún cambio legal ni depende de modificación alguna de la Unión Europea.

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