Varias familias piden parar su desahucio de las naves de Calmante Vitaminado

Varias familias rumanas y españolas están pendientes de una orden de desalojo de las naves de Calmante Vitaminado, un edificio ruinoso en su mayoría aunque estas familias han adecentado algunas estancias para poder vivir. El terreno donde se levantan aún estas naves pertenece a Caixabank y los espacios son gestionados a través de Servihabitat, su compañía de servicios inmobiliarios. Tal y como ha podido saber este periódico, estos terrenos se encuentran actualmente en venta a un precio de 238.000 euros.

La situación por la que atraviesan estas familias la denuncia la Asociación Cordobesa para la Inserción Social de Personas Gitanas Rumanas (Acisgru), que ha explicado que el Juzgado Número 1 de Primera Instancia de Córdoba ha realizado un juicio verbal al único individuo que se ha personado en la vista: José Ginés. Tal y como recoge la demanda, los ocupantes -“aunque se desconocen cuántos son y quiénes son”- están acusados de un delito de usurpación y la sentencia resultante hacia Ginés será extensible para todos los que viven en las naves: más de una decena de personas entre adultos, ancianos y niños, que se encuentran todos escolarizados.

Al ser este un procedimiento por vía civil, Acisgru explica que los tiempos son mucho más cortos que los de la vía penal ya que “se ahorran un período de instrucción. Además, sólo se tiene que probar que las personas viven aquí, nada más”. Ante esta situación, la defensa de Ginés ha pedido la suspensión del desahucio para, así, intentar llegar a un acuerdo con la entidad propietaria del terreno.

El aspecto de las naves es realmente desolador. La destrucción se extiende a lo largo de los casi 2.000 metros cuadrados que llegó a ocupar este edificio derruido. Sin embargo, Ginés -al que le gusta que le llamen Pepe- remodela siempre que puede cada instancia para que se asemeje lo máximo posible a una casa. Junto al resto de personas, a las que considera su familia, recoge chatarra y todo tipo de muebles que les pueden ser útiles: desde estanterías hasta muebles, repisas, cuadros, televisiones antiguas o imágenes de cuadros de Julio Romero de Torres. Pero no sólo eso. Pepe también ha levantado un pequeño huerto en el que siembra productos como patatas, pimientos rojos y verdes, tomates, pepinos y ajos.

La historia de Pepe es distinta a las del resto de familias que ocupan estas naves. En el caso de las personas españolas y rumanas, la pobreza les ha llevado a esta situación límite. Sin embargo, Pepe nunca ha sufrido necesidades económicas. Hasta el año 2014 contaba con un trabajo estable, “una buena vida” y una familia. Un tortuoso divorcio, acusaciones mutuas de maltrato con su pareja y un período muy breve en la cárcel lo llevaron a perderlo todo. Cuenta que ni siquiera sus hijos lo han llamado desde que se separó de su madre.

A su nombre sólo tiene un coche antiguo y cuenta con una paga debido a una minusvalía de un 59%, cantidad que comparte con todas las familias del asentamiento. En ocasiones llora cuando explica la situación por la que “todos” están atravesando. Critica duramente “a los políticos que hablan de los derechos humanos”. “¿Dónde están los nuestros? ¿Es todo una copla que cantan y ya está?”, se pregunta.

Pepe también es crítico con aquella parte de la sociedad que criminaliza al extranjero. “Yo soy español, ¿eh? A mí también me están negando el acceso a una vivienda digna”, esgrime. Sabe que con su pensión podría pagar una habitación en un albergue y tener, así, un lugar decente en el que vivir. Pero eso conllevaría no estar con las personas que a día de hoy son su familia. “Yo necesito el cariño de todos ellos y, sobre todo, de los niños. Esto es lo que me hace vivir y no los voy a abandonar”, concluye. En unas semanas, estas familias conocerán cuál será su futuro más próximo: vivir en estas naves o empezar de nuevo en otro lugar inhóspito.