La familia que vivía en una cochera de 10 metros cuadrados logra una casa

Concentración de Stop Desahucios, en una imagen de archivo | ÁLVARO CARMONA

La familia de Cabra que vivía en una cochera de diez metros cuadrados ha logrado un alquiler social en una casa, según informa el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que abrió un expediente por la queja que presentó en su día Stop Desahucios. La familia ha logrado un alquiler social de 50 euros al mes gracias a Cáritas, que le ha facilitado la vivienda. La familia, una pareja, vivía con dos niños de siete y 11 años en una cochera.

Según denunció Stop Desahucios, antes de las elecciones municipales, el alcalde del municipio, Fernando Priego Chacón (PP), les prometió una casa en el momento en que alguna se quedara vacía. Pero esa promesa no se cumplió.

El matrimonio está en paro desde que comenzó la crisis y, aunque recurrió al Ayuntamiento para recibir una ayuda a la vivienda, tuvo que abandonar su casa ante los impagos. El siguiente paso fue el alquiler, pero pronto se tuvieron que ir de la vivienda ante la imposibilidad de hacer frente a esos gastos. Ante esta situación, el abuelo de los pequeños cedió a la familia la cochera de la que dispone. Pero esa situación estaba pasando factura a los niños. “Está llena de humedades y los menores son asmáticos crónicos, por lo que su familia tiene que ir al médico continuamente”, contaban desde la plataforma.

Según el informe del Defensor del Pueblo, al que ha tenido acceso este periódico, a juicio del Ayuntamiento existían unidades familiares en riesgo de exclusión con más necesidad de vivienda que esta familia, por lo que en virtud del artículo 29, apartado 1, de la Ley reguladora se formuló resolución al Ayuntamiento de Cabra en el sentido de que los servicios sociales comunitarios analizasen de forma actualizada la situación social de la familia afectada a fin de determinar, en su caso, la urgencia para la adjudicación de vivienda protegida exceptuando el régimen general de adjudicación a través del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.

En su respuesta, el Ayuntamiento asegura que desde enero de 2017 la unidad familiar habitaba una vivienda en alquiler social bonificado arrendada a Cáritas con un precio estipulado de 50 euros al mes, por lo que ya no vivían en las condiciones iniciales.

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