Facua presenta alegaciones contra la nueva ordenanza del taxi en Córdoba

La federación de consumidores considera que el proyecto aprobado es “intervencionista”

La Federación de Consumidores Facua Córdoba ha presentado las alegaciones correspondientes al proyecto de Ordenanza Reguladora del Servicio del Taxi que aprobó el Pleno del Ayuntamiento, “al carecer dicho documento de una clara falta de protección sobre los derechos fundamentales de los usuarios ante la contratación de un servicio”, según ha informado a través de una nota de prensa.

En primer lugar, la asociación considera que el proyecto de Ordenanza Municipal Reguladora del Taxi en Córdoba destaca por “su carácter intervencionista excediendo de la finalidad de la misma, que no puede ser otra que la adaptación de sus postulados y entre otras, a la Ley 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias”.

Facua Córdoba entiende que con la redacción actual del proyecto de Ordenanza queda suficientemente claro “el desequilibrio e indefensión que sufre el consumidor ante la contratación de un servicio (en este caso el taxi) por radio emisora, teléfono o cualquier otro medio telemático. La asociación considera; que además de ser flagrante, es desproporcionada e injusta, por lo que contraviene lo preceptuado en los artículos 20, 60 y 82 de la citada Ley 1/2007 de 16 de noviembre”.

Además, Facua Córdoba ha recordado al Ayuntamiento de la capital que las administraciones públicas “deben velar porque se cumplan los derechos fundamentales de los consumidores y se ofrezca una correcta información a los usuarios sobre los servicios contratados, al ser estos la parte más débil de la relación comercial”. “Sin embargo, con la actual regulación recogida en el Proyecto de Ordenanza se coloca en situación de supremacía al prestador del servicio en detrimento de los intereses de los usuarios”, agrega.

Por último, la asociación ha solicitado en sus alegaciones que se autorice a que cada empresa tenga la libertad de poner el taxímetro en dos versiones; al ser solicitado (con un precio máximo de recogida, pues las tarifas marcan unos máximos y no unos mínimos), o al recoger, pudiendo de esta manera, las empresas que funcionan en el sector elegir libremente la modalidad que más les interese, garantizando así la libre competencia en beneficio del usuario y del propio prestador del servicio.