El exdelegado de Empleo niega irregularidades ante la comisión que investiga los cursos

Fernández en la comparecencia parlamentaria.
Antonio Fernández lamenta que en la ciudadanía “cale” la idea de que se han malversaron 3.000 millones de euros en la formación y sostiene que se demostrará que es falso

El exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Fernández, ha comparecido este martes ante la comisión de investigación del Parlamento que trata de esclarecer que ocurrió con los cursos de formación presuntamente fraudulentos. Fernández ha negado todas las supuestas irregularidades por las que le han preguntado los representantes de los grupos políticos. Asimismo, ha lamentado que en la ciudadanía en general “cale” la idea de que se llegaron a malversar 3.000 millones de euros. No obstante, ha augurado que terminará demostrándose que ese extremo no es cierto.

En un principio, Fernández ha afirmado que no iba a responder a las preguntas de las formaciones parlamentarias pero tras su intervención inicial y al escuchar la cascada de cuestiones que se le planteaban ha ido respondiendo a la mayoría de ellas. Por ejemplo, ha tenido que rendir cuentas de por qué no se inhibió en la concesión de ayudas a la formación de la Autoescuela Virgen de Luna, de Pozoblanco, de la que fue fundador; o por qué no se apartó de la misma forma en el caso de Prode, una asociación del mismo municipio que se dedica a la atención de discapacitados y en la que trabajan dos de sus hermanos.

En ambos casos, Fernández se ha justificado afirmando que no encontró razones de peso que le hicieses pensar que en ninguno de esos dos casos existía incompatibilidad alguna que le obligase a renunciar o inhibirse. En este sentidos, el exdelegado de empleo ha insistido en que todos los trámites se realizaron siempre bajo la legalidad y que nunca se trató a ninguna empresa de manera preferente a otras.

En relación a la declaración del exinterventor en la misma comisión de investigación -en la que afirmó que el 58% de los cursos de formación en Córdoba no se justificó y que existía desorden en el papeleo-, Fernández ha vuelto a negar la mayor. Por contra, ha defendido que se seguía un orden tanto en la tramitación como en la exoneración a la hora de justificar las subvenciones. Sobre esta materia ha sido repetidamente preguntado por los parlamentarios que le han interrogado.

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