El exalcalde de La Rambla, ante el juez, alega que firmaba lo que le decía la interventora

Manuel Fernández Campos (PSOE) se enfrenta a ocho años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación administrativa en el trámite de una subvención para la unidad de estancia diurna de enfermos de Alzheimer

“Me fiaba de ella y por eso hoy estoy donde estoy”. El exalcalde de La Rambla, Manuel Fernández Campos (PSOE), se ha sentado en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 8 de Córdoba. El exregidor entre 2007 y 2011 está acusado de un presunto delito de administración administrativa en la tramitación de una ayuda para el mobiliario de la unidad de estancia diurna de enfermos de Alzheimer del municipio rambleño. En su declaración, el regidor negó los hechos, aseguró que siempre actuó “de buena fe” y que firmaba lo que la interventora municipal, cuyo reparo levantó, le ponía por delante.

“Yo me fío de mi interventora”, llegó a declarar varias veces ante el juez que tendrá que decidir si lo inhabilita para ejercer cargo público durante los próximos ocho años, tal y como solicita la Fiscalía. Actualmente, Fernández Campos es el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de La Rambla, tras perder las elecciones municipales en mayo de 2011 (hoy gobierna IU).

El regidor está acusado de contratar una subvención de 28.159 euros de forma directa con una empresa, llamada Priom. Según la Fiscalía, el alcalde lo hizo haciendo caso omiso a las advertencias de la interventora, que le alertaba de que estaba incumpliendo la legislación administrativa para este tipo de contratos. Según el regidor, no llegó ni siquiera a leer algunos de los reparos de la interventora, alegando que incluso llegaba a firmar lo que tanto esta funcionaria habilitada del Estado como la secretaria municipal le ponían por delante.

Tras el cambio de bastón de Alcaldía, el Ayuntamiento de La Rambla se vio obligado a devolver la subvención, en forma de reintegro renunciando a una parte de la participación en los impuestos del Estado, según ha leído el juez antes de la declaración del alcalde. Sin embargo, el actual alcalde, Juan Jiménez Campos (IU), decidió exigir responsabilidades y puso los hechos en conocimiento del letrado de la Diputación provincial. El actual alcalde incluso llegó a levantar acta, junto a la interventora, de que el anterior equipo de gobierno había abonado una factura a la empresa por unos trabajos en la unidad de estancia diurna que no se habían ejecutado completamente, algo que ha llamado la atención del juez. El caso ha quedado visto para sentencia.