Dos ediles acompañan a una familia desahuciada

Del Castillo y Blázquez, concejales de de IU y Ganemos, además de compañeros en Stop Desahucios, acuden al juzgado a apoyar a una familia que ocupa la vivienda de un banco desde que la echaron de su casa

Por primera vez, dos concejales del Ayuntamiento de Córdoba han acudido a los juzgados a apoyar públicamente a una familia desahuciada. Rafael del Castillo, de IU, y Rafael Blázquez, de Ganemos, llevan haciéndolo años como representantes de la Plataforma Stop Desahucios, pero esta mañana lo han hecho tras jurar y prometer, respectivamente, el cargo de concejal. Del Castillo, además, forma parte del gobierno local y ha asumido la cartera de Asuntos Sociales. Los dos concejales están trabajando en la creación de una oficina de vivienda que atienda casos como el que hoy les ha llevado a la Audiencia. El de una pareja en paro desde hace seis años y con dos hijos mayores de edad pero a su cargo que, tras ser desahuciados hace 15 meses, ocuparon una vivienda vacía de un banco para no dormir al raso.

“Desde el Ayuntamiento, venimos a dar apoyo en esta situación inaguantable que está pasando esta familia”, ha señalado Rafael del Castillo. “Su caso es un indicador más para que las administraciones nos pongamos de acuerdo y de lado ante estas situaciones”. El concejal de Izquierda Unida afirma que hay que impulsar la oficina de la vivienda “y hablar con los colectivos sociales que están luchando en este sentido”. Del Castillo ha insistido en que,“aunque se tengan más o menos recursos, este es un problema municipal, no podemos dejar que se quede gente en la calle”.

Gente como la que han ido a acompañar los dos ediles. Pepi Cañete, de 41 años y su marido Francisco Belmonte, de 43, vivieron de alquiler y sin problemas, gracias al sueldo de albañil de él y a la pequeña tienda que montó ella. Hasta que terminaron en el paro y empezaron a tener problemas con el pago de las mensualidades. Al final, fueron desahuciados de su casa y hace 15 meses decidieron ocupar una vivienda, propiedad de Cajasol, que permanecía cerrada. “La casa estaba en muy malas condiciones, pero nosotros la hemos arreglado. Lo que le pedimos al banco es que nos deje quedarnos a cambio de un pequeño alquiler social que nosotros podamos pagar”, comentaba este martes la mujer a las puertas del juzgado.

La familia ha solicitado viviendas sociales, alquileres sociales y otras ayudas, siguiendo los cauces públicos de la Junta y el Ayuntamiento. “Pero nos dicen que como tenemos dos hijos mayores de edad, de 18 y 19 años, no podemos optar”, se lamenta Francisco. Él se encuentra enfermo de depresión y, según relató su mujer, ya ha tenido un intento de suicidio.