La Diputación financiará gran parte de la auditoría energética que hará el Ayuntamiento de Puente Genil

La Agencia Provincial de la Energía de la Diputación de Córdoba se hará cargo de la mayor parte de la financiación del estudio de la auditoría energética que va a llevar a cabo el Ayuntamiento cordobés de Puente Genil en la Estación de Aguas Residuales de la localidad (EDAR) y las instalaciones de la piscina cubierta municipal.

Así lo ha indicado la institución provincial que ha señalado que así se contempla en un convenio suscrito este jueves entre el responsable de este organismo de la Diputación de Córdoba, Víctor Montoro, y el alcalde pontanés, Esteban Morales, en el que se concreta que “el coste total de los estudios se estima en 4.500 euros y será financiado por la Agencia provincial de la Energía de Córdoba en un 65% y el Ayuntamiento de Puente Genil en un 35%”.

Montoro ha destacado “la importancia de realizar esta auditoría en estas infraestructuras, ya que en ambas hay un intenso consumo de energía asociado”. Del mismo modo, ha recalcado que “este estudio se enmarca en los planes de actuación que viene realizando la Agencia Provincial de la Energía en la provincia de Córdoba, encaminados a mejorar la gestión y el ahorro energético de los municipios”.

En este sentido, ha insistido en que “las auditorías energéticas son un instrumento clave para dar a conocer a la entidad local tanto su situación con respecto al consumo de energía, como detectar aquellas actuaciones que pueden contribuir al ahorro y la eficiencia energética, optimizar la demanda energética en general, así como favorecer la aplicación de tecnologías renovables entre otras”.

La Directiva 2012/27/UE, en su artículo 5, habla de la función ejemplarizante de los edificios de los organismos públicos. También se indica que los estados miembros animarán a los organismos públicos a que adopten un plan de eficiencia energética, independiente o dentro de un plan medioambiental o climático más amplio.

Asimismo, según esta directiva, se animará a los organismos públicos a que implanten un sistema de gestión energética, que incluya auditorías energéticas, dentro de la aplicación de su plan, y a que recurran, cuando proceda, a empresas de servicios energéticos y a contratos de rendimiento energético para financiar las renovaciones y ejecutar los planes para mantener o mejorar la eficiencia energética a largo plazo.