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La Diputación crea una oficina de intermediación hipotecaria

Protesta de activistas de Stop Desahucios en Córdoba | MADERO CUBERO

Redacción Cordópolis

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El organismo provincial crea un nuevo instrumento “para defender el derecho a la vivienda”

La Diputación de Córdoba, a través de su Área de Bienestar Social, pondrá en marcha una Oficina de Intermediación Hipotecaria para prestar apoyo y asistencia a familias en riesgo de exclusión social por el desalojo de sus viviendas, preferentemente en municipios de menos de 20.000 habitantes.

La oficina prestará servicios cuando se trate de personas empadronadas en los municipios de la provincia, cuando las viviendas estén ubicadas en la provincia, cuando se trate de la única vivienda de que disponga la familia afectada y cuando haya dificultades para el pago de la cuota de préstamo y/o alquiler o estén en situación de ejecución de hipoteca, ya sea en fase de demanda, subasta o lanzamiento.

La responsable del Área, Felisa Cañete, ha explicado que “la finalidad de esta oficina es defender el derecho a la vivienda de aquellas familias que no pueden hacer frente a sus obligaciones hipotecarias o de alquiler por haber sufrido los efectos de la crisis económica”.

La también vicepresidenta primera de la Diputación ha señalado que la oficina “realizará un servicio de prevención” al ofrecer asesoramiento e información al ciudadano de forma previa a la adquisición de la vivienda y contratación de la hipoteca. De igual modo, ha continuado, “prestará un servicio de mediación prestando asesoramiento a las personas que, por pérdida de empleo o falta de recursos, no puedan pagar la hipoteca”.

Para la puesta en funcionamiento de la oficina, la Diputación tiene previsto firmar un convenio con el Colegio de Abogados y está negociando acuerdos de colaboración con otros colectivos, así como con entidades financieras y con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Fomento y Vivienda (AVRA) con el fin de prestar un adecuado asesoramiento jurídico y generar un parque de viviendas, además de las propias de la institución provincial, que permita el realojo de familias afectadas por este grave problema.

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