A Desalambrar advierte que la ley de senderos beneficia a los cotos frente a los senderistas

Miembros de A desalambrar, en una imagen de archivo.

La plataforma ciudadana en defensa de los caminos públicos A Desalambrar ha apuntado al contenido del proyecto que en estos momentos se elabora sobre la próxima Ley de Regulación de Senderos de Andalucía, advirtiendo de diversos artículos que irían en contra de la apertura real de los caminos públicos, en contra de los senderistas y a favor de los cotos de caza.

"El proyecto de decreto de la ley de regulación de senderos nos ha decepcionado profundamente, significando un paso atrás para los senderistas y un paso adelante para el control de los caminos públicos por parte de los cotos de caza. Por tanto si sigue así nos opondremos frontalmente", explica la plataforma, que se ha adherido a un escrito realizado en este sentido por parte de Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos.

En dicho escrito hecho público a través de su web, señalan que la normativa que se está elaborando "poco hace por la defensa de los caminos públicos en general" y, advierten, "da carta de legalidad a uno de los principales problemas que tienen los senderistas" frente a las actividades cinegéticas. En ese sentido, apuntan al artículo 7.3 del proyecto de ley que da prioridad a la caza para cerrar los senderos: "En los casos en los cuales se programen actividades de caza mayor en zonas por la que transcurran senderos de uso deportivo, dicha circunstancia deberá ser notificada con una anticipación mínima de cinco días a la entidad promotora del sendero, que estará obligada a restringir el acceso al tránsito de los senderos durante las jornadas en que se celebren las actividades cinegéticas mencionadas mediante la señalización oportuna".

A juicio de los defensores de los caminos públicos, "esta redacción nos parece una barbaridad, pues consolida la potestad de unas organizaciones privadas (las empresas que organizan cacerías) para cortar los caminos públicos cuando les venga en gana". Y apuntan a la administración autonómica como responsable de ello: "Significa, una vez más, por parte de la Junta de Andalucía, dar la prioridad a la caza sobre el uso público del patrimonio público" pese a que, según apuntan, la normativa de caza "establece claramente que los caminos públicos son zonas de reserva donde no se puede cazar".

Sobre el plazo que establece el proyecto de ley para el aviso por actividad de caza, "es claramente lesivo para las posibilidades de los senderistas de planificar sus actividades, en especial cuando se trate de empresas de turismo activo, o clubes de senderismo, que necesitan programar las actividades con mucho más tiempo de antelación, ya que deben reservar alojamientos, contratar autobuses, hacer un llamamiento para inscribir a la gente, y que, cinco días antes, tendrían un grave perjuicio si tuvieran que suspender la actividad programada". Por ello, piden que se amplíe al menos a un mes dicho plazo.

A Desalambrar y la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos creen que si sigue adelante la redacción prevista de la ley, "en la práctica se impedirá el senderismo por parte de las empresas y clubes por las zonas donde se practica la caza mayor en toda la temporada, que es precisamente la mejor época en Andalucía para realizar senderismo". Y añaden: "Son los que cortan los senderos los que deben adaptarse a las necesidades del uso público y no al contrario".

Por otra parte, en referencia al anexo I del proyecto de ley, los defensores de los caminos públicos piden que la acreditación de la titularidad de los caminos públicos se concrete en el certificado de inscripción del camino en el inventario de bienes del ayuntamiento de cada término municipal, "ya que cualquier otra certificación carecería de validez", por lo que piden cambiar la redacción de la normativa para especificar este asunto.

La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, que tiene como fin la defensa del uso público de los caminos públicos españoles, reúne a 17 asociaciones de toda España, entre las que se encuentra A Desalambrar y otros colectivos andaluces afectados por este proyecto de ley como son Amigos de los Caminos (Sevilla), Club Elbruz (Sevilla), Batolito (Sevilla), Señal y Camino (Sevilla), Plataforma por los Caminos Públicos de la Sierra de Ronda (Málaga), y Plataforma por Otíñar y su Entorno (Jaén), además de integrantes a título individual.

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