El Defensor urge a la Junta a contratar personal para desbloquear las ayudas de la renta mínima en Córdoba

Sala de espera con funcionarios trabajando.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu Gregorio, ha emitido una recomendación doble dirigida a la Junta de Andalucía para que contrate de manera urgente a personal en la Delegación de Servicios Sociales en Córdoba y que de esta manera se logre desbloquear la situación de las ayudas de la renta mínima. Actualmente, según otro informe anterior del propio Maeztu, el retraso acumulado en Córdoba para la resolución de estos expedientes es de ocho meses.

El Defensor del Pueblo insiste en “los deberes legales” de la administración para resolver de una vez por todas este retraso. Maeztu, en su resolución, atiende la queja de un demandante de la provincia de Córdoba, que ha sido con su recurso el que ha iniciado estos trámites.

Asimismo, el Defensor del Pueblo andaluz insta a que se corrijan las disfunciones en la aplicación del este decreto ley y de las reglas de su procedimiento administrativo. En particular, el Defensor del Pueblo andaluz se refiere a la acumulación o inadmisión de solicitudes sucesivas de un mismo solicitante, con el fin de garantizar prácticas homogéneas. En todo caso, subraya el Defensor del Pueblo andaluz, es preciso que la Administración complete los modelos de inadmisión por esta causa y advierta a la persona interesada de su derecho a desistir de la petición anterior en curso para formalizar una nueva.

Por último, el Defensor del Pueblo andaluz recomienda que la Administración se pronuncie sobre las medidas que hayan de acometerse para evitar que las resoluciones desestimatorias del derecho recaídas en mora de la Administración, hagan a la persona interesada cargar con consecuencias desfavorables, imputables a su falta de diligencia. Para el Defensor del Pueblo andaluz, deben corregirse especialmente aquellas denegaciones fundadas en no haber mantenido el solicitante determinados requisitos durante el tiempo de la tramitación de la prestación, ya que la norma establece que los requisitos se cumplan en el momento de presentación de la solicitud, durante todo el proceso de tramitación y que se mantengan mientras se esté percibiendo. Sin embargo, este precepto ha dado lugar a situaciones injustas, ya que el expediente administrativo tarda en ser resuelto una media de ocho meses, en cuyo transcurso son muy diversas las situaciones personales y laborales que puede atravesar una familia en situación de necesidad.

Etiquetas
stats