El Defensor reclama a los ayuntamientos cordobeses un informe sobre los elementos contrarios a la Ley de Memoria no retirados

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una actuación de oficio para reclamar a los ayuntamientos de la provincia de Córdoba un informe sobre sobre los elementos contrarios a la Ley de Memoria Histórica de Andalucía que no han sido aún retirados. Esta institución se dirige directamente a los ayuntamientos cordobeses con más de 20.000 habitantes, mientras que para conocer la situación en los de menos población dirige su reclamación a la Diputación Provincial cordobesa.

En su actuación de oficio -según ha podido conocer este periódico-, el Defensor recuerda que durante el año 2020, “se han recibido en esta institución quejas referidas a la existencia de estos elementos en calles y plazas de los distintos municipios” de Córdoba y el resto de Andalucía, solicitando los promotores de estas quejas “que se cumpla la Ley y sean retirados, ya que han transcurrido casi tres años desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria” en abril de 2017.

Por ello, la institución “entiende oportuno tomar mayor conocimiento en relación a los elementos contrarios a la Ley de Memoria Histórica y Democrática que aún no hayan sido retirados o eliminados en la provincia de Córdoba”. De ese modo, mediante esta actuación solicita a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes informe referido a si tiene inventariado en su municipio relación de elementos contrarios a la Memoria histórica y Democrática o si le consta la existencia de los mismos en su municipio.

También pide saber si cada ayuntamiento ha recibido algún tipo de solicitud instando la retirada de dichos elementos por parte de otra administración (autonómica o estatal), entidad memorialistas o particular y la tramitación dada al respecto, así como las dificultades encontradas en caso de ponerse de manifiesto la inviabilidad para su retirada.

Asimismo, el Defensor reclama conocer las actuaciones y procedimientos arbitrados en los municipios para determinar la eliminación de estos elementos contrarios a la Ley de Memoria y si tienen previsto el destino de los elementos eliminados o a eliminar, así como saber si ha notificado o requerido a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico apoyo o asesoramiento para tal finalidad.

Se dirige a la Diputación sobre los municipios pequeños

Por su parte, el Defensor solicita a la Diputación Provincial información al respecto de los elementos contrarios a la Ley de Memoria en los municipios que no superan los 20.000 habitantes. A la institución provincial le pide, igualmente, un informe con la información referida a estos municipios más pequeños, sobre si cuentan con relación de elementos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática o le consta la existencia de estos elementos en los citados municipios.

Igualmente, pide a la Diputación Provincial saber si se ha realizado alguna iniciativa referida a la eliminación de elementos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática en su provincia y los resultados obtenidos, así como si le consta si estos municipios han recibido algún tipo de solicitud instando la retirada de dichos elementos por parte de otra Administración (autonómica o estatal), entidad memorialistas o particular y la tramitación dada al respecto, así como les han solicitado asesoramiento para ello y las dificultades encontradas en caso de ponerse de manifiesto la inviabilidad para su retirada. Y, por último si ha notificado o requerido a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, apoyo o asesoramiento para tal finalidad.

La Ley ordena su retirada

El Defensor del Pueblo Andaluz recuerda que el artículo 32 de la Ley de Memoria Histórica de Andalucía establece que “la exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, se considera contraria a la Memoria Democrática de Andalucía y a la dignidad de las víctimas”.

Asimismo, la ley ordena que las administraciones públicas de Andalucía, en el ejercicio de sus competencias, “adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la Memoria Democrática de Andalucía, sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y la dignidad”.

Cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos“ y cuando los elementos estén colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán responsables de su retirada o eliminación.

Junto a ello, la Ley establece que para la determinación de los elementos contrarios a la Memoria Democrática que no hayan sido retirados o eliminados voluntariamente, mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de memoria democrática, se constituirá un comité técnico que elaborará una relación de elementos que deben ser retiraros o eliminados. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el pasado 31 de julio de 2020 la orden por la que se crea y regula el Comité Técnico sobre símbolos contrarios a la memoria democrática de Andalucía, establece su composición y reglas de funcionamiento, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

La Plataforma por la Comisión de la Verdad apoya la eliminación de la cruz de Aguilar

Por otra parte, la Plataforma por la Comisión de la Verdad en Córdoba, como espacio unitario del movimiento memorialista cordobés junto con los sindicatos CCOO, UGT y CNT, ha manifestado su apoyo a la decisión tomada por el Ayuntamiento de Aguilar de retirar la Cruz de los Caídos situada en esa localidad, en la jornada de este martes.

En un comunicado, la plataforma señala que tal decisión debe ser entendida como un acto democrático para eliminar los símbolos públicos de la dictadura franquista que aún perduran en Andalucía y en ningún caso como un ataque o una ofensa a los sentimientos religiosos, tal y como falazmente se intenta plantear por los defensores del nacionalcatolicismo en que se sustentó la dictadura franquista.

“El mantenimiento de símbolos que recuerdan y enaltecen el largo periodo de la dictadura sigue constituyendo una afrenta a la dignidad de las víctimas del franquismo y sus descendientes y es radicalmente incompatible con el respeto y la tolerancia que deben presidir una sociedad y un Estado que se llaman democráticos. La eliminación de este memorial franquista - político y no religioso- contribuye sin duda al fortalecimiento de la convivencia en Aguilar y por tanto debe ser apoyado por el conjunto de las ciudadanas y ciudadanos demócratas, más allá de su adscripción ideológica o partidista”, asegura.