El Defensor del Pueblo investiga los procesos de estabilización del personal temporal de la Junta

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio dirigida a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, para conocer las medidas que hagan posible los anunciados procesos de estabilización del personal temporal de la Junta, “sin menoscabo” del personal fijo --funcionario de carrera y personal laboral fijo--.

Así, según el texto de la queja, el Defensor solicita un informe detallado al respecto, en el que espera que se concreten las medidas previstas y, en su caso, se determine el número de plazas --en los distintos sectores: administración general, sanitaria y docente-- a incluir en dichos procesos.

En este sentido, la Defensoría recuerda que la Ley 3/2017, de Presupuestos Generales del Estado, contempla un proceso de estabilización de empleo temporal, articulándolo a través de tres supuestos en los que se permite la convocatoria en turno libre de un número de plazas superior al resultante de la tasa ordinaria de reposición y que, en los tres casos, se refiere a plazas ocupadas por personal interino o temporal.

En este escenario, apunta que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración andaluza, por considerar “prioritario iniciar las actuaciones necesarias para implementar las medidas previstas en la Ley 3/2017, de 27 de junio, con el objetivo de estabilizar el empleo público de carácter estructural existente”.

Así, la Defensoría añade que la cifra total de las plazas que se ofertarán en el marco de la estabilización del empleo público asciende a 37.115, incluyendo los sectores de Administración General, Docente y Sanitario, así como también las plazas que corresponden al sector instrumental y al personal de la Administración de Justicia que es competencia de la Junta.

“Y, en concreto, el total de las plazas que se incluyen en el referido Decreto, por el que se aprueba la primera Oferta de Empleo Público extraordinaria, asciende a 25.520 plazas, de las cuales, 902 corresponden al sector de Administración General, 6.000 al sector Docente y 18.618 al sector Sanitario”, añade la institución.

Tras la publicación de dicha Oferta se ha iniciado el proceso de estabilización del empleo temporal en la Administración andaluza, manifiesta la institución, que, sin embargo, añade que estas perspectivas de estabilización del empleo temporal “pueden verse truncadas si resultan ciertas las observaciones que nos trasladan desde distintas organizaciones sindicales y colectivos de personal afectado, en cuanto que se estarían ofertando para su provisión, con carácter definitivo, plazas que en principio estarían incluidas en los referidos procesos de estabilización”.

En ese sentido, señala que “diversas resoluciones de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a través de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, están ofertando vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de promoción interna, a los cuerpos que están pendientes de ello, en las que se están incluyendo todas las vacantes existentes”.

“Es evidente que de seguirse este proceder, en los procesos de consolidación que se incluyen en la Oferta de Empleo Público (OEP) del año 2017 en la Administración de la Junta, los funcionarios interinos que resulten afectados como consecuencia de la cobertura de las plazas ofrecidas a los que hayan superado la promoción interna, se verán en peor situación para competir en los procesos de consolidación”, lamenta el Defensor.

De este modo, afirma que “sin perjuicio del respeto a los derechos que corresponden al personal con una relación estable y permanente en la Administración, el carácter extraordinario de estos procesos de consolidación y de estabilización hace que deban ser objeto de una especial consideración a la hora de determinar las plazas que se ofrecen a los procesos de selección y provisión de puestos”.

Así, indica que si todas las plazas ocupadas por interinidad durante más de tres años de forma ininterrumpida a 31 de diciembre de 2016 “se considera que estarían afectadas por la mencionada OEP extraordinaria, cabría plantearse el bloqueo de la totalidad de las plazas que existen en estas condiciones, que estiman las organizaciones sindicales en torno a unas 2.000, evitando ofertarlas a cualquier proceso de acceso y promoción, sin menoscabo de otros derechos que habría que conjugar con respecto a la movilidad del personal ya fijo”.

En este sentido, y ante las circunstancias que concurren, el Defensor del Pueblo Andaluz asegura que “es fundamental que, con carácter previo, se establezcan unos criterios claros para acometer estos procesos, determinando la metodología y procedimiento de las convocatorias a realizar, la determinación de los puestos a convocar y de los ofertados a movilidad del personal ya fijo para conocer la situación real existente”, para lo cual, insiste, incoa esta actuación de oficio.