El Defensor investiga la “insuficiencia” de conservadores del patrimonio

La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, dirigida en funciones por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio dirigida a las consejerías de Cultura y Patrimonio Histórico y de la Presidencia, Administración Pública e Interior para investigar “la posible insuficiencia” de recursos humanos y el desarrollo de funciones en el ámbito del personal especialista en conservación del patrimonio.

En el texto de la queja, al que ha tenido acceso Europa Press, el Defensor señala que han tenido conocimiento del comunicado de los integrantes de la Bolsa de Interinos del Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores de Patrimonio, así como de noticias aparecidas en medios de comunicación, donde “se pone de manifiesto el desequilibrio existente entre la elevada carga de trabajo de la actual Consejería de Cultura y los escasos recurso humanos de especialistas en esta materia”.

Así, recuerda que los profesionales de este sector denuncian en su comunicado el “próximo colapso de la administración cultural derivado tanto de las escasas convocatorias de plazas de funcionarios del sector como del progresivo envejecimiento de la administración”, una situación que “no solo es preocupante sino que resulta tremendamente injusta ante la existencia de sucesivas Bolsas de interinos (la última, aprobada el 22 de febrero de 2019) a las que nunca se recurre”.

Además, apunta que el sector considera que esta situación “es contradictoria” teniendo en cuenta “la creciente importancia a nivel mundial de la protección del ahora llamado patrimonio cultural”, de “cuya importancia y necesidad de adecuada salvaguarda -puesto que se trata de un recurso frágil, finito e irremplazable- se han hecho eco la Unesco, la Unión Europea y las legislaciones nacionales y, en España, también las autonómicas”.

A pesar de ello, la Defensoría asegura que “son frecuentes” los acontecimientos relacionados con la destrucción o deterioro del patrimonio, “muchos de los cuales dan lugar a quejas dirigidas a esta institución”.

En este sentido, el Defensor dice que el sector refiere el citado comunicado que “un buen indicador de esta situación es la conocida Lista Roja del Patrimonio elaborada por la asociación Hispania Nostra que recoge hasta 114 bienes patrimoniales en peligro en Andalucía, así como tres en la Lista Negra, la cual recopila todos los bienes que han sido retirados de la Lista Roja al haber desaparecido o haberse alterado sus valores esenciales de manera irreversible. De hecho, el último en incorporarse a esta última Lista ha sido el Palacete de los Condes de Benahavís-La Mundial (Málaga) derruido el 31 de marzo de 2019”.

Y añade que según este comunicado de colectivo de personas integrantes de la Bolsa de Interinos del Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores de Patrimonio, de los ocho nuevos puestos cubiertos en el periodo comprendido entre los años 2007 y 2016, “hay que destacar que la persona que tomó posesión de la plaza en la actual Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Cádiz solicitó una excedencia y a día de hoy su puesto sigue vacante a pesar de las peticiones de suplencia realizadas desde dicha Delegación”.

“Escasas convocatorias de empleo en las últimas décadas”

Asimismo, la Defensoría apunta que en el estudio elaborado por el sindicato CSIF sobre esta problemática se pone de manifiesto que “en las últimas décadas las convocatorias de empleo público de la Junta de Andalucía dentro del ámbito de la conservación del patrimonio histórico han sido escasas y espaciadas en el tiempo”, y añade que

actualmente, “hay 58 conservadores de patrimonio histórico en la Junta, de los cuales 53 están en la Consejería y 5 en puestos de Administración General u Organización Sindical, fundamentalmente por falta de plazas para poder promocionar dentro de la estructura de la propia Consejería”.

Además, añaden “que en este año 2019 las previsiones de jubilación son de 5 conservadores a lo que hay que añadir bajas temporales por diversos motivos, excedencias (como la mencionada de Cádiz), etcétera”.

En su queja, el Defensor del Pueblo andaluza refleja que los afectados consideran que “la grave carencia de recursos humanos” en este sector, unida a la creciente importancia de la actividad de conservación del patrimonio y las exigencias que impone la legislación española y andaluza en esta materia afectan, no sólo a sus intereses profesionales, “sino que también repercuten de forma importante en la protección del patrimonio andaluz, en la actividad de otras consejerías, de la administración local o de la estatal”.

Igualmente, el sector indica que afectan a la actividad de los ciudadanos de diferentes maneras tales como la paralización de obras o retrasos en las mismas, pero también en el uso del patrimonio como bien social y factor de desarrollo sostenible, “asegurando su transmisión a las generaciones futuras”. Además, “todo lo anterior influye de forma sensible en los aspectos económicos”, añade.

En cuanto al desempeño funcional de estas actividades, la Defensoría recoge que los profesionales consideran que “en el ámbito del patrimonio arqueológico --uno de los más significativos en esta comunidad--, hay que resaltar el hecho de que muchas de las funciones que la legislación atribuye exclusivamente al personal funcionario (sea de carrera o interino) han venido siendo desempeñadas de forma sistemática desde hace años en todas las Delegaciones por personal laboral”. “Todo ello, según afirman, pese a la existencia de una Bolsa de Interinos anterior, a la que nunca se recurrió, y a la actualmente vigente”, añaden.

El comunicado en cuestión concluye, según el Defensor del Pueblo andaluza, que “todos los puestos sean cubiertos a través de la Bolsa de interinos publicada el 22 de febrero de 2019 para la correcta prestación del servicio requerido; que los puestos con funciones que deban ser cubiertas exclusivamente por personal funcionario no se cubran con personal laboral; y que se incluyan en las próximas convocatorias de empleo público de la Junta nuevas plazas de funcionarios conservadores de patrimonio arqueológico en número adecuado a las necesidades.”

En consecuencia con lo anterior, el Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio para informar a ambas consejerías de la problemática descrita, “al objeto de esclarecer los hechos”, y ha solicitado que le remitan “un informe detallado sobre las cuestiones que se ponen de manifiesto en este escrito, en relación con la problemática existente de posible insuficiencia de recursos humanos y desarrollo de funciones en el ámbito del personal especialista en conservación del patrimonio”.