El Defensor investiga el caso de una niña cuyas distintas capacidades reconoce Salud pero no Educación

El Defensor del Pueblo Andaluz investiga el caso de una niña, Carla Lara Galán, de seis años, diagnosticada por la Consejería de Salud de la Junta con un nivel medio alto en inteligencia, destacando el nivel alto en razonamiento fluido, mientras que meses antes el colegio de Córdoba donde ha cursado emitió un informe “sin analizarla”, apuntando que no hay indicios de Alta Capacidad y una serie de ítem que, según advierte la madre, “son propios de discapacidad intelectual severa, de personas con graves dificultades y que precisan escolarización C”.

Así lo manifiesta a Europa Press la progenitora, Ana Esther Galán, que tiene otro hijo de nueve años con Alta Capacidad, y argumenta su postura en base a los citados informes, con los que ha acudido a distintas instituciones, como el Defensor del Pueblo Andaluz, Defensor del Menor y Alta Inspección del Gobierno, pendiente éste último de notificar si actúa, además de entregar solicitudes al centro escolar e inspección territorial.

En concreto, en el informe de Educación, emitido a finales de abril de este año y consultado por Europa Press, se acuerda aplicar las medidas generales del aula, después de que se señala que “su rendimiento se ajusta al grupo ordinario”, y que “no se aprecia diferencia significativa respecto al grupo”, entre otros indicios, todo ello “sin valorar a la niña”, insiste la madre.

Posteriormente se detalla una serie de ítem, entre ellos que tiene “desinterés” por implicarse en tareas; “torpeza en actividades que implican precisión”; “parece no escuchar cuando se le llama/habla”; “falta de interés en relatos y cuentos”, pese a que “es narradora en teatro”, según remarca la madre; “está poco/nada integrada”; “presenta conductas disruptivas o rabietas incontroladas”; “problemas en interacción”.

Igualmente, se recoge que presenta “excesivo movimiento y/o impulsividad excesiva”, algo en lo que la madre advierte de que “la impulsividad es lo contrario al razonamiento, justo donde muestra un nivel alto, diferente a la media”. También, se indica que tiene “dificultad al seguir órdenes sencillas”, entre otros ítem y respuestas como que “no comprende con mucha facilidad la información que se le proporciona”, aunque “cuando está interesada aprende con facilidad y rapidez”.

En este sentido, el equipo docente asevera que “no se observan fundamentos necesarios para considerar” a la niña como “posible alumna con altas capacidades intelectuales en este momento de su desarrollo”, por lo que proponen aplicar medidas generales del aula.

Informe de la sanidad pública

Una vez recibida la respuesta de Educación, con la que los padres discrepan y tachan de “falsificación documental de sonadas consecuencias”, acudieron a la sanidad pública en mayo, a pediatría tras las observaciones del informe del colegio, y la derivó a la Unidad de Salud Mental, que a finales de julio emitió un informe.

Al respecto, en el mismo, al que ha tenido acceso Europa Press, se destacan los niveles citados inicialmente y se cree “conveniente prestar a la paciente el apoyo, el estímulo y refuerzo que se considerase más oportuno por parte del equipo de orientación educativa psicopedagógico del centro escolar”.

Entretanto, el Defensor del Pueblo Andaluz admitió a trámite en mayo la queja de la familia a raíz de la postura del colegio e inició las actuaciones ante los organismos correspondientes, pidiendo a la Delegación Territorial de Educación que aportase información y de este modo iniciar “una actuación mediadora orientada a localizar una solución”.

La Delegación de Educación contestó al Defensor explicando las distintas actuaciones y precisando que la menor “no presentaba indicios de necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales y, por tanto, la tutora no había hecho la solicitud de evaluación psicopedagógica a la orientadora de referencia del centro”. La familia manifestó su “desacuerdo” y presentó quejas.

Acto seguido, la Inspección de Educación emitió un informe y comunicó al centro “el deber de retrotraer el procedimiento seguido con la alumna, con la finalidad de ajustarlo al protocolo previsto para detección e identificación de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo”.

No obstante, Inspección indicó que los padres expusieron días después que habían decidido cambiar a su hija de centro para el próximo curso y se comunicó la decisión al centro, “declinando por tanto el inicio del protocolo previsto”, a la vez que se archivó la documentación, según Inspección.

De este modo, el Defensor del Pueblo señaló a la familia que a la vista de lo aportado por la administración, esperaba que se presentasen “las consideraciones y alegaciones convenientes”, de cara a “adoptar una resolución definitiva sobre el asunto”. Si no había respuestas, entendía que se aceptaba “la solución ofrecida por la administración autonómica”.

“Posible maltrato institucional”

La familia respondió con un nuevo escrito al Defensor del Pueblo, alegando que la administración “miente” y que no habían comunicado que fueran a cambiar a la niña de centro y sí, en cambio, asistía desde mayo a salud mental por su estado al ser “anulada y humillada”, según se describe, y “así se informó al centro”. Por ende, seguían solicitando la valoración de la menor y “el estudio de un posible maltrato institucional”.

Además, éste último escrito lo presentaba la familia después de haber recibido ya el informe de la Unidad de Salud Mental y pidiendo al Defensor del Pueblo que actuara, al tiempo que la progenitora critica que “un menor precise atención sanitaria por desatención educativa” y cree que le han “quitado, anulado y pisoteado” todos sus derechos como madre.

A finales de agosto el Defensor del Pueblo se ha puesto en contacto de nuevo con Ana Esther Galán, tras recibir su escrito y analizar el contenido del informe de Salud Mental, acordando solicitar la emisión de un nuevo informe, complementario del anterior.

La madre solicitó hace un año al centro la evaluación psicopedagógica por “sospecha de que pudiera precisar medidas de apoyo educativo por Alta Capacidad”, a la vez que aclara que ella no quiere que la califiquen con Alta Capacidad, no le importan “las etiquetas”, sino que “se tomen medidas”, y recuerda que han repetido “exactamente lo mismo que hicieron hace cuatro años” con su hijo.

Asimismo, la madre preside una asociación desde hace unos meses, con los objetivos de “promover la participación social activa, sin exclusión y desde la dinamización de acciones socioculturales de interés de la ciudadanía; asegurar la participación y fomentar la inclusión social de personas con necesidades específicas de apoyo educativo y colectivos vulnerables y personas que vivan en situación de riesgo de exclusión social”, entre otros.

Según asevera la progenitora, en octubre organizarán jornadas formativas sobre Altas Capacidades en centros, institutos y ayuntamientos, además de otras acciones, con el fin de seguir en la defensa de la premisa de que “cualquier niño o niña desarrolle su máximo potencial” en cualquier condición, “ya sea por razón de Alta Capacidad, por discapacidad o por ninguna de ellas”.

A la espera de que este lunes comience el curso, Ana Esther Galán relata que su hija Carla irá a “un colegio privado mientras no anulen la situación” a la que se ha llegado por parte del colegio y la administración, aunque siente ante dicha medida que la están “obligando y coaccionando totalmente, porque si han maltratado a la niña, ahí no va a estar”. No obstante, aclara que la intención es que la niña “vuelva a un centro público”, una vez se subsane la situación.