Las defensas en el caso de los bomberos de Diputación piden que el juez controle las pruebas

Las defensas de los investigados en el procedimiento judicial abierto por supuestas irregularidades en las oposiciones a bomberos de la Diputación de Córdoba, que fueron denunciadas por tres interinos que no lograron plaza, han pedido que sea el juez instructor el que controle directamente la aportación de nuevas pruebas.

A este respecto y según han precisado a Europa Press fuentes judiciales, “la causa se inició con una denuncia a la que se adjuntaban unas grabaciones” de conversaciones que, según los denunciantes, demostrarían que se actuó para favorecer en las oposiciones a los interinos que se presentaban, aunque, a juicio de las defensas de los investigados, las grabaciones eran “escasas y poco incriminatorias”.

El titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Córdoba, el magistrado José Luis Rodríguez Laínz, descartó el pasado junio que se filtraran las preguntas de los exámenes teóricos en las oposiciones, a la vez que citó como “investigados” a los tres interinos que, tras no superar las oposiciones, denunciaron su supuesto amaño en beneficio, precisamente, de los interinos.

Sin embargo, cuando los denunciantes, ahora también investigados, acudieron a declarar al juzgado el pasado septiembre, después de que se hubieran practicado muchas declaraciones, presentaron nuevas grabaciones, que no estaban en la causa.

Para las defensas, aportar “con cuenta gotas” las supuestas pruebas de las irregularidades, supone “una grave irregularidad procesal”, según pusieron de manifiesto los abogados defensores, señalando que se habían ocultado en el procedimiento, aunque se hubiesen entregado a la Policía Nacional, como se alegó desde la acusación.

Ante ello, el juez ha ordenado a la Policía Nacional que envíe las grabaciones que tenga e informe, además, de por qué no las remitió con las grabaciones que sí se aportaron a la causa. Junto a esto, el magistrado también ha ordenado a los denunciantes que lleven a la Policía sus teléfonos móviles, para que se extraigan las grabaciones que ellos indiquen.

Contra esto último han presentado recurso las defensas, al entender que la criba de grabaciones presentes en los móviles de los denunciantes no las deben hacer éstos, sino el juez que instruye el procedimiento, y que, por tanto, se extraiga todo el material de audio, vídeo o documental presente en los móviles, incluso si es posible con indicación de lo que se haya borrado, y que sea el juez el que discrimine.