La 'cuenta ahorro' de los presos de Córdoba supera los 275.000 euros

Los presos tienen una cuenta de ahorro. Y a 30 de mayo de 2017, la de Córdoba sumaba 275.421,42 euros, según destaca el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al diputado socialista Antonio Hurtado.

Estos ahorros se llaman peculio y proceden del fondo de ingresos aportados por familiares, abogados y amigos de los presos. El dinero se deposita en las cuentas determinadas de cada una de las 83 penitenciarías españolas. El saldo del peculio a finales de mayo era de cerca de 16 millones de euros (15.921.199 euros) lo que supone un saldo medio por interno de 313,7 euros para cada uno de los 51.000 internos. Este dinero se lo pueden gastar en compras en el economato, cafetería o compras del exterior.

Existen tres modos de ingresar el dinero: de forma gratuita a través de las ventanillas de los Centros Penitenciarios, por transferencia bancaria desde la cuenta de un familiar a la cuenta de peculio -su coste depende de las condiciones que cada familiar tenga contratadas con su entidad bancaria- o por giro postal en su modalidad Giro Administrativo, un coste fijo para el remitente de 1,95 euros por imposición.

“Se han tenido que poner de nuevo en funcionamiento las ventanillas en los centros penitenciarios para que los familiares y amigos autorizados puedan hacer también el ingreso al peculio sin coste alguno. Esta vuelta a la caja en el centro penitenciario ha provocado mucho malestar entre los funcionarios”, lamenta Hurtado.

Las cuentas en las que se deposita el dinero pertenecen al Banco de Santander, gracias a un contrato con el Estado suscrito el 8 de febrero de 2017. En esta última adjudicación el Banco de Santander exigió como condición que no fueran gratuitos estos ingresos al peculio sino que dependa de las condiciones que pacte el propio banco con quien efectúe el ingreso.

“Lamentable que este servicio no sea gratuito y que la banca no se preste ni tan siquiera a una aportación social de tan poco coste para ellos”, protesta el diputado socialista Antonio Hurtado. “La falta de solidaridad por parte del banco va a llevar a la Administración a asumir un coste muy superior teniendo que habilitar ventanillas en cada uno de los 83 centros penitenciarios”.

Por su parte, el giro administrativo ha sido fijado por Correos mediante un acuerdo de actuación suscrito con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el 1 de abril de 2017, “con un precio más competitivo”, insiste el Gobierno.