CSIF pide que se refuerce la plantilla del Juzgado de Primera Instancia número 5
CSIF Córdoba ha enviado un escrito a la Delegación Territorial de Justicia e Interior de la Junta en el que se le solicita que se apruebe “con carácter inmediato” un refuerzo para el Juzgado de Primera Instancia número 5 de la capital, que desarrolla las labores del Registro Civil y del Juzgado de Familia. El sindicato cree que “este apoyo es necesario para cubrir el déficit de personal que sufre este órgano, al igual que gran parte del resto de las jurisdicciones”.
En una nota, el responsable del sector de Justicia de CSIF Córdoba, Diego Díaz, ha criticado “la carga de trabajo cada vez más inasumible que soportan los funciones de este juzgado, que se ve incrementada como consecuencia de un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que atribuye a los juzgados de Familia el conocimiento con carácter exclusivo de asuntos referidos a la capacidad de las personas, incluidos los internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico”. “Son numerosos los expedientes de este tipo que se registran cada mes, siendo todos ellos urgentes en su tramitación”, han apostillado.
Así, CSIF ha manifestado que no está “en contra de cualquier medida que pueda contribuir a mejorar la atención de la ciudadanía y a la racionalización de los recursos existentes, pero siempre que por los órganos competentes se dote a dichos juzgados de los medios humanos y materiales precisos para cumplir con sus funciones”.
En el escrito enviado a la Junta se argumenta que “los servicios de Inspección del CGPJ son conocedores de que los actuales juzgados de Familia en Córdoba superan con creces los módulos establecidos, una sobrecarga de trabajo que sale adelante gracias al esfuerzo de las plantillas de dichos órganos”.
Al respecto, el máximo representante del sector de Justicia de CSIF Córdoba ha recordado que “desde la creación de estos órganos judiciales en 1981, su plantilla no se ha visto incrementada, resultando la actual totalmente insuficiente para el gran número de expedientes que tramitan, máxime si se tiene en cuenta el considerable aumento de población y de litigiosidad que se ha producido en los últimos años”.
En el documento presentado por CSIF, se denuncia que “la situación de estrés que padecen los funcionarios, tanto por la constatación de que no pueden abarcar todo el trabajo como por las condiciones en la que lo prestan, rebasa las barreras de lo aceptable desde el punto de vista laboral, teniendo en cuenta que el cumplimiento del deber y la responsabilidad de estos profesionales es el único soporte sobre el que se sustenta actualmente este servicio público”.
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