CSIF pide la recuperación de las 18 horas lectivas en Secundaria y FP

Un aula preparada para impartir un curso, en una imagen de archivo | ÁLVARO CARMONA
El Sector de Enseñanza rechaza la normativa que pretende imponer la Consejería de Educación para la regulación de la jornada del profesorado

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, pidió ayer en Mesa Sectorial de Educación la recuperación de las 18 horas lectivas, dentro de la jornada de 37,5 horas, para el profesorado de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, así como reconsiderar las horas lectivas y que se incluyan los recreos y las guardias de los docentes.

En una nota, el Sector de Enseñanza de CSIF, señala que el RDL 14/2012 supuso “un ataque” a las condiciones laborales del profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanza de Régimen Especial al incrementar su jornada lectiva y provocar una minoración de las plantillas de los centros educativos cordobeses en más de 450 plazas y una sobrecarga de trabajo a los equipos directivos y al profesorado.

CSIF ha rechazado en la Mesa Sectorial la normativa que pretende imponer la Consejería de Educación para regular la jornada laboral del profesorado. Para CSIF es “inadmisible” cualquier medida que pretenda perpetuar el aumento de la jornada lectiva del profesorado, por lo que insta a la Consejería a negociar soluciones a la problemática existente.

Para Elena García, presidenta del Sector de Enseñanza de CSIF en Córdoba, “la calidad en la educación, que tanto se defiende en la Consejería, empieza por dotar a los centros de los suficientes recursos humanos para atender adecuadamente todas sus necesidades educativas y organizativas”. En este sentido, CSIF ya trasladó a la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, que se debe iniciar “un tiempo nuevo de negociación y acuerdo e impulso de medidas para mejorar la educación en Córdoba y en Andalucía”.

Si la Consejería no modifica sus actuales planteamientos, CSIF no descarta llevar a cabo ningún tipo de medida que frene las intenciones de la Administración educativa, poniendo a disposición de los docentes la máxima información y apoyo para salvaguardar los derechos del profesorado.

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