Crónica de la angustia de 18 trabajadores sociales

FOTO: MADERO CUBERO
Los contratados como apoyo a los servicios sociales para aplicar la Ley de la Dependencia aún no saben si el año que viene podrán seguir trabajando

Mañana de locos y angustia en el Ayuntamiento de Córdoba. Los 18 trabajadores sociales contratados por el Consistorio como personal de apoyo a la Ley de la Dependencia han vivido una de las mañanas más angustiosas de su vida. Estos empleados son contratados año a año por obra y servicio para prestar labores de apoyo y su empleo depende, también año a año, de una subvención anual que entrega al Ayuntamiento la Junta de Andalucía. Año a año también se produce el mismo problema: el dinero no llega hasta el último minuto y los trabajadores no saben si el 1 de enero tienen trabajo.

El pasado martes, la concejal de Familia, María Jesús Botella (PP), alertó de que peligraban estos empleos porque aún no había llegado la subvención. Desde ese día, estos 18 empleados (nueve son trabajadores sociales y otros nueve son auxiliares administrativos) viven en un sinvivir. Esta mañana, bien temprano, han dado una rueda de prensa en la quinta planta del Ayuntamiento para exponer y denunciar su situación. Mientras hablaban sus portavoces, María Jesús Urbano y Cristina Gómez, dos trabajadoras rompían a llorar a su lado. Muchas compañeras las abrazaban y las consolaban.

En su intervención matutina, denunciaban que si la subvención (682.000 euros) no llegaba antes del 31 de diciembre no se podrían prorrogar sus contratos y habría que hacer una nueva convocatoria. Es decir, si antes del 31 de diciembre no estaba el dinero se quedaban sin trabajo. Sin embargo, la Junta de Andalucía se ha comprometido a llevar la aprobación de esta subvención a su último Consejo de Gobierno del año, que se reunirá el 27 de diciembre. Entonces, estará aprobada la subvención y publicada incluso la orden pero el dinero no habrá llegado al Ayuntamiento. Es decir, se seguirían quedando sin trabajo.

Entre esa espada y la pared, los 18 trabajadores le propusieron una salida al Ayuntamiento. En 2012, esta subvención ha generado un remanente positivo de tesorería de 120.000 euros. Es decir, con el recorte de la paga extraordinaria y la reducción de salarios aplicada a todos los trabajadores públicos de España se han podido ahorrar esos 120.000 euros. Los trabajadores proponen que el Ayuntamiento use ese dinero para prorrogar sus contratos mientras llega la subvención de la Junta.

Y hasta aquí todos (o casi todos) de acuerdo. La concejal de Familia, María Jesús Botella, estaba dando una rueda de prensa a la misma hora pero cuatro plantas del Ayuntamiento más abajo. Hasta allí corrieron los periodistas a preguntarle si estaba de acuerdo con esta propuesta y respondió rotundamente que sí, que lo estaba, que esta prórroga “da para lo que da”, o sea, no para más de un mes de contratos, pero (había un pero) que “el expediente hay que hacerlo y tiene que contar con los informes favorables”.

Las trabajadoras ya contaban con el ok de la Delegación de Familia y también habían logrado el de Hacienda, pero se toparon con el no rotundo de la directora general de Personal y ex concejala del PP Antonia Luisa Sola. Ésta se negaba a firmar un expediente sin tener garantizado que el dinero de la Junta iba a llegar al Ayuntamiento y animaba a los trabajadores a acudir a demandar la subvención al Gobierno andaluz. Las lágrimas regresaron y entonces se produjo una situación inaudita en el Ayuntamiento de Córdoba.

En el vestíbulo de Alcaldía, los 18 trabajadores exigían una reunión con el alcalde, José Antonio Nieto, que al parecer no se encontraba en el Consistorio. En su lugar, salió su secretaria particular que fue la que negoció directamente con los trabajadores. Se acordó, entonces, que el Ayuntamiento les escribiría un documento para que ellas lo firmaran y lo entregaran a la Junta. ¿El objetivo? Que certificaran que sí, que la Junta iba a aprobar esa subvención y que así el Consistorio tendría en su mano un documento para poder prorrogar los contratos.

En el revuelo del vestíbulo de Alcaldía, entre las lágrimas, caras tensas, corrillos, periodistas y gente entrando y saliendo en despachos, el portavoz del PSOE que además es secretario provincial de este partido, Juan Pablo Durán, y se entiende que tiene línea directa con el Gobierno andaluz negociaba directamente y ante los trabajadores con la secretaria del alcalde. Algún periodista veterano, con más de 25 años cubriendo información en Capitulares, decía que nunca había visto una negociación igual. Durán dijo que la aprobación de esta subvención estaba garantizada y aseguró, también rotundamente, que se producirá en el Consejo de Gobierno del 27 de diciembre. Se remitía, de hecho, a las palabras de la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero.

Y al final, todo casi arreglado, aunque nada es definitivo. La Junta tiene que certificar que sí, que va a aprobar la subvención, y el Ayuntamiento tiene que preparar en un tiempo récord el expediente de prórroga de estos contratos. ¿El resultado? 18 familias que van a pasar la Navidad pendientes de un Consejo de Gobierno.

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