Critican que el cambio en el callejero provoca “desamparo” en las víctimas del franquismo“

Adelante Andalucía ha lamentado este martes “el nuevo cambio” de nombres en el callejero de Córdoba que ha iniciado el gobierno municipal de PP y Cs, con el apoyo de Vox, en este caso volviendo a rotular con el nombre de Plaza de Cañero a la hasta el pasado lunes denominada Plaza de los Derechos Humanos, generando así una situación de “desamparo institucional y jurídico” en “las víctimas del franquismo”.

A este respecto y en un comunicado, las parlamentarias de Adelante Andalucía por Córdoba Ana Naranjo y Luzmarina Dorado, “a la luz del nuevo cambio de nomenclatura”, tras acatar y no recurrir el gobierno local de PP y Cs la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Córdoba que anuló la redenominación aplicada a la Plaza de Cañero en base a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, han señalado que “el fallo ha supuesto una evidencia más del desamparo jurídico que padecen las víctimas de la represión franquista”.

En opinión de Adelante Andalucía, se desoyen así las “demandas” de estas víctimas “y las de los diferentes colectivos memorialistas, poniendo en entredicho la Ley de Memoria Democrática, que no ha sido interpretada como un fundamento jurídico sólido, que sirva para garantizar los derechos de verdad, justicia, reparación y dignificación, a pesar de lo referenciado en los apartados 1 y 2 de su artículo 32, que atañen directamente a la cuestión del callejero”.

En consecuencia, Adelante Andalucía considera que es una mala noticia para Córdoba que se haya retirado el rótulo de Plaza de los Derechos Humanos, “para devolverle al citado enclave el nombre de un represor” franquista, después de que el citado juzgado haya desestimado “como elemento probatorio de la vinculación Antonio Cañero con el golpe de Estado de 1936, el trabajo historiográfico de los profesores Francisco Acosta y Antonio Barragán, este último Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba (UCO)”.

Ambos, según se ha recordado desde Adelante Andalucía, son “miembros de la Comisión Municipal de Memoria Histórica y presentes en la vista en calidad de peritos”, pero el juzgado ha considerado “inservibles” sus testimonios y estudios, y también “la hoja de servicios del capitán Cañero, documento oficial publicado por el Ministerio del Ejército a petición del propio Cañero y que refleja, de forma clara y manifiesta, su participación en los primeros días de la Guerra Civil en tareas de corte represivo político-militar en diversos pueblos de la provincia de Córdoba”.

En consecuencia, en Adelante Andalucía consideran que “la desestimación de ese vínculo con la dictadura constituye una negación del derecho a la verdad de todos los ciudadanos y que es, precisamente, su relación con el franquismo, lo que hace incompatible la exaltación de su figura en el callejero, tal y como recoge la Ley”.

Plan anual de Memoria Democrática para 2019

Por otro lado, en lo referente a la reunión del Consejo de Memoria Democrática celebrada el pasado 26 de julio y a la aprobación del Plan Anual de Memoria Democrática para 2019 en Andalucía, la organización de izquierdas ha criticado el “conformismo continuista de la actual Administración en esta materia”.

Así, según Adelante Andalucía, “el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Histórico, Alejandro Romero, anunció en la última reunión del Consejo de Memoria que se han iniciado los trámites para la contratación de los servicios de indagación, localización, exhumación y estudio antropológico de los restos de la fosa de Montilla”.

Esta es, sin embargo, “una de las intervenciones que llevan años en espera, junto a otras como Posadas, Carcabuey, Peñaroya-Pueblo Nuevo, Rute, Villanueva de Córdoba, Baena, Fuente Obejuna, Espejo-Montoro, Hinojosa del Duque, Monturque, Cabra, Puente Genil, La Victoria, San Sebastián de los Ballesteros o Guadalcázar, de nuevo ignoradas por la Administración, como viene siendo costumbre”.

Por otra parte, Adelante Andalucía considera “totalmente insuficientes y desfasados en el tiempo los trabajos previstos en materia de identificación genética para Castro del Río, Monturque y Córdoba, algunos con más de dos años de retraso, olvidando otros como Lucena, y condenando a los familiares a una espera que, desgraciadamente, en muchos casos ha supuesto que fallezcan sin recuperar a sus seres queridos”.

Finalmente, desde Adelante Andalucía ha expresado su “asombro ante el anuncio de la propia Consejería de que la fosa del Cementerio de La Salud de Córdoba, cuya primera fase de intervención en el cuadro de San Ramón ocupó trabajos entre los meses de enero y marzo, está pendiente de exhumación, y que solo se conservan muestras de ADN de familiares”.

Si esto es así, “impediría comenzar a trabajar en las identificaciones porque, por la propia lógica de su declaración, no habría muestras óseas con las que cruzar el ADN de los familiares. En suma, la Junta sigue incumpliendo su propio texto legal, que recoge la necesidad de elaborar un banco de ADN en Andalucía”.

Además, teniendo en cuenta que “en la citada intervención se exhumaron los restos óseos de 76 personas, de las cuales 21 estaban vinculadas a los asesinatos del franquismo”, Adelante Andalucía ha anunciado que exigirá “explicaciones y que solicitará los documentos necesarios para clarificar qué se hizo exactamente en el Cementerio de La Salud y cuál es el estado actual de las fosas de Córdoba”.

Junto a ello, Adelante Andalucía reclama también “el desarrollo normativo de la Ley de Memoria Democrática, para que se implemente un nuevo protocolo de exhumaciones, con presencia judicial, que documente los asesinatos de los represaliados por el franquismo”.