Córdoba alcanza las 20.225 personas con dependencia atendidas

Una persona mayor atendida por una cuidadora | PIXABAY

La Junta de Andalucía ha iniciado una campaña para poner en valor su gestión de la Ley de Dependencia confrontándola con la del Gobierno central y, en ella, ha aportado los datos de atención y prestaciones que se dan actualmente en Córdoba y provincia. Así, un total de 20.225 personas con algún grado de dependencia reciben atención en la provincia cordobesa.

Entre las prestaciones que se ofrecen, 8.493 hogares reciben la atención a domicilio, mientras 3.232 personas reciben atención residencial y otras 1.353 la tiene en centros de día. Además, se han otorgado 5.813 prestaciones para el cuidado del entorno en el hogar.

Los datos ofrecidos por la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Esther Ruiz, y la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, María de los Ángeles Luna, señalan que se han destinado en el último año 131 millones de euros para un total de 27.225 prestaciones a personas dependientes en Córdoba y provincia.

Ese montante global se desglosa entre los 48,8 millones en residencias, los 49,9 millones de euros en ayuda a domicilio, otros 21,6 millones para prestaciones económicas en el entorno familiar y 1,9 millones para prestaciones económicas vinculadas al servicio,entre otras ayudas.

Según los datos de la Junta de Andalucía, en los once años en que lleva en vigor la Ley de Dependencia se ha atendido a un total de 45.619 personas en la provincia cordobesa, con un global de 61.062 prestaciones concedidas.

Desde el Gobierno de la Junta se ha promovido la campaña de comunicación Andalucía dice Sí a la Dependencia para “reforzar el compromiso de la Junta con las personas más vulnerables”, en palabras de Ruiz y Luna, que han confrontado la acción de la administración andaluza n este ámbito “frente al 'no' del Gobierno de Mariano Rajoy que ha intentado dinamitar la Dependencia porque no la considera como una inversión”, ha señalado la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. “No es un coste, es una inversión” que, según defienden, además “supone creación de empleo”.

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