El Consorcio de Bomberos pagará toda su deuda en 2023

El organismo provincial logra abonar 6,5 millones en dos años pero tendrá que refinanciar los 9,2 restantes del agujero que dejó el PSOE

El gerente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Juan Carlos Jurado, calcula que, si todo va bien, para el año 2023 se haya podido pagar toda la deuda de mas de 16 millones que recibió como herencia de los anteriores gestores hace dos años. Estos números rojos proceden del impago de las cuotas de la Seguridad Social y la no aplicación de las retenciones del IRPF. Esta deuda -originada por la caótica gestión de los anteriores responsables del ente, los expresidente y exgerente del Consorcio, Fernando Expósito y Antonio Navarrete- es el eje de una de las múltiples denuncias presentada contra ellos por el actual equipo del Consorcio Provincial de Bomberos (PP) en el Tribunal de Cuentas.

Hasta la fecha el Consorcio ha podido pagar a la Seguridad Social, 2,6 millones (quedan por pagar 6,4 millones). En cuanto a las retenciones del IRPF, se han pagado 3,8 millones de euros y quedan pendiente de pago otros 2,8 millones, sin incluir los intereses. “En total, se han pagado 6,5 millones de euros y quedan pendientes 9,2 millones de euros, más los intereses del IRPF”, señala el vicepresidente tercero y delegado de Presidencia, Gobierno Interior y Protección Civil de la Diputación, Manuel Gutiérrez. Pero para quedar en paz con Hacienda, al Consorcio no le va a quedar otra que refinanciar, al menos una vez -no se descarta que se haga más- la deuda. Y dependiendo de cómo sea la situación económica de los ayuntamientos y la propia Diputación de Córdoba, se espera poder terminar de pagar en 2023.

La madeja judicial del Consorcio de Bomberos de Córdoba es tremendamente compleja. Por un lado, en el juzgado de Posadas se siguen diligencias previas por una denuncia presentada por el actual equipo por la terminación de las obras del parque de bomberos de La Carlota que, por valor de 300.000 euros, se hicieron sin procedimiento de contratación alguno. Por este hecho fueron imputados Fernando Expósito y Antonio Navarrete. “En el mismo juzgado hay otro proceso penal abierto y que ahora mismo está pendiente de la testifical por la contratación de una póliza

que se realizó contraviniendo todos los acuerdos del Consejo y la Junta general de este consorcio. Dicha póliza se firmó pocos días antes de la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno del PP en las dependencias de una entidad bancaria en La Carlota, cuando lo estipulado era hacerlo en la capital“, apunta Gutiérrez.

La tercera causa se centró en la presunta apropiación de fondos y malversación del anterior gerente por importe de más de 600.000 euros. Se trata de un cúmulo de ingresos no justificados por horas extras, anticipos no descontados, duplicación de facturas a proveedores. El caso se juzgó en la sala de lo Penal 2 de Córdoba y actualmente está a la espera de resolución de la Audiencia Provincial. La responsabilidad patrimonial que por alcance se deriva de esta denuncia está pendiente de resolución en el Tribunal de Cuentas. De esta pieza, además, se separó otra por un presunto blanqueo de capitales.

En el Tribunal de Cuentas también se estudia si el gerente y el secretario anteriores usaron negligentemente 613.000 euros de dinero público. Por último, en Posadas también se investiga el alcance legal de las obras del parque de bomberos de La Carlota sin tener en cuenta los precios de mercado. “Tenemos al fin la licencia de utilización del parque de La Carlota y de legalización de obras que se inauguró hace dos años”, avanzó Manuel Gutiérrez.