El Consejo Social pide que CECO participe en la comisión que establece las tarifas de Emacsa

El Consejo Social de la ciudad de Córdoba se ha pronunciado sobre las tarifas que aplicará en 2018 la empresa municipal Emacsa en un dictamen en el que se refiere a la comisión de trabajo creada para establecer los criterios que rigen las tarifas del agua y donde cree que debería participar la patronal.

En las conclusiones del dictamen, al que ha tenido acceso este periódico, el Consejo Social dice que los empresarios deberían estar “representados por la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO)” en dicha comisión de trabajo, “que ha establecido los criterios a seguir en la confección de las nuevas tarifas” de Emacsa. Dentro de ese mismo ámbito, el órgano social “entiende positiva la participación de las organizaciones sindicales y del Movimiento Ciudadano. No obstante, se echa en falta la participación de los empresarios”, manifiesta.

El dictamen sobre la propuesta de revisión de precios de Emacsa para 2018, aprobado por el pleno del Consejo Social este 6 de septiembre, ha revisado la documentación detallada aportada por la empresa municipal de agua y considera “positivo que no se introduzcan incrementos para ninguno de los tipos o bloques que componen la estructura tarifaria” de los precios del agua.

Cabe recordar que el Consejo de Administración de Emacsa aprobó en julio las nuevas tarifas para 2018, que no supondrán subida alguna para las viviendas clasificadas como Categoría Primera en el Callejero Fiscal, mientras que el resto experimentan una reducción entre 2,5% y el 13,40% dependiendo de su clasificación en dicho callejero, lo que supondrá una reducción del total de ingresos de Emacsa del 4,8%.

El dictamen del Consejo Social valora positivamente la bonificación en el recibo del agua a los participantes en el Concurso de Patios, así como las bonificaciones en el servicio de depuración de vertidos de aguas residuales y las ayudas a la individualización de los contadores comunitarios, “al entender que esta medida beneficia a los intereses de la ciudad”.

Pide, asimismo, que para optar a las bonificaciones tarifarias en casos de familias en peligro de exclusión social, se contemple también el informe de los Servicios Sociales “en los casos en que sea difícil aportar la documentación requerida”.