La comisión de reconstrucción debate el dictamen final para elevarlo al Pleno del Parlamento

La comisión sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19 creada en el Parlamento andaluz vuelve a reunirse este lunes en una sesión extraordinaria para debatir y someter a votación el dictamen final de la misma, así como acordar, en su caso, elevar dicho texto al Pleno.

En concreto, se votará el dictamen final que elaboró el presidente del órgano parlamentario y diputado de Vox, Manuel Gavira, un texto que presentó el pasado 24 de agosto y que recoge más de 500 medidas, agrupadas en 16 bloques, con demandas tanto al Gobierno andaluz como al Ejecutivo central, en un documento compuesto por 87 páginas.

En el dictamen se recogen consideraciones como que la “colaboración y cooperación con el Gobierno central debe ser una exigencia irrenunciable”, a la par que se apunta que el Estado debe cumplir las leyes sin que, por “motivos ideológicos y espurios, clasifique a los españoles en categorías distintas”, porque “todos los españoles, sea cual sea nuestra región y nuestra ideología, somos iguales”.

Una conclusión significativa del dictamen, dada la preocupación que existe en la sociedad al respecto y la inminencia del inicio del curso escolar, es que haya una “incorporación presencial a clase de los alumnos, en todos los niveles educativos, garantizando la adopción de medidas sanitarias preventivas”. Se plantea la puesta en marcha de la figura de Enfermería Escolar que trabaje con los profesionales de la educación desde los distritos sanitarios para incidir en las medidas de Salud Pública de la población infantil y juvenil.

En relación con las demandas a la Junta en materia sanitaria, se le plantea la aprobación de un Plan específico para Pandemias, englobado dentro del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias, con actuaciones de coordinación con otras administraciones, como el Gobierno central, y que se ponga en marcha un Consejo Permanente de Vigilancia Epidemiológica.

Se considera además “de vital importancia adoptar medidas tendentes a ejercer una vigilancia de enfermedades contagiosas en nuestras fronteras en coordinación con el Gobierno de la nación estableciendo una frontera de protecciónmicrobiológica” ante la llegada de inmigrantes de forma irregular a las costas andaluzas.

Sobre los profesionales sanitarios, se pide a la Junta mejora de sus condiciones laborales y su equiparación salarial con el resto del territorio nacional; que se ejecute una compensación retributiva por el sobreesfuerzo realizado durante la pandemia, y que se reconozca el Covid-19 o futuras enfermedades similares como enfermedad profesional.

Otra demanda consiste en aprobar Plan de Mejora de la Atención Primaria o la aprobación de normativa básica de obligado cumplimiento para todos los centros de mayores y sociosanitarios, frente a posibles rebrotes. Concretamente, se propone fortalecer el sistema público y privado de residencias y aumentar los controles o medicalizar residencias ante posibles rebrotes, aunque “una residencia no es un hospital ni puede sustituir al mismo”.

En cuanto a las medidas educativas, se pide un gran Pacto Social por la Educación que, lejos “de abordar cuestiones ideológicas, se concrete en cambios en el sistema”. Se demanda apostar por una educación pública de calidad, garantizando recursos humanos y materiales suficientes a todos los centros del sistema educativo público andaluz, y que se garantice el derecho fundamental de las familias a la libre elección de centro educativo, teniendo en cuenta la demanda social.

Sobre el ámbito económico y laboral, se plantea un gran Pacto por el Empleo, donde mantener los máximos puestos de trabajo posibles sea la gran prioridad, de manera que Andalucía demande al Gobierno central la ampliación y flexibilización de los ERTES, con un sistema progresivo, lo que será capital para evitar una mayor destrucción de empleo.

En relación con el modelo productivo, se pide a la Junta continuar a corto plazo con las medidas de apoyo a los sectores productivos por los efectos económicos y sociales derivados de la crisis sanitaria, protegiendo el tejido empresarial y el empleo, con atención especial a los sectores más afectados, así como mantener las ayudas de carácter social que permitan mantener las rentas de las personas y familias más vulnerables.

Se plantea la elaboración de un Plan de Apoyo de autónomos, pymes y micropymes. Otra demanda es un Grupo de Trabajo interdepartamental de Gobierno de España, la Junta y organizaciones del sector agrario para abordar los problemas de pérdida de competitividad en la cadena de valor de los productos agroalimentarios andaluces, y que se luche por que la PAC cuente con su actual presupuesto y que se mantengan los criterios de reparto entre las distintas comunidades.

En cuanto a la política fiscal, se defiende que la Junta siga rebajando paulatinamente el tramo autonómico del IRPF, al tiempo que se pide continuar con la política de reducción en el Impuesto de Transmisiones, favorecedora de la inversión y la adquisición de vivienda para jóvenes y familias; supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, o ampliación del ámbito de las bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Respecto al impulso al turismo, comercio y hostelería, se pide a la Junta que demande al Gobierno central para que apruebe un Plan de Rescate Sector Turístico.

En cuanto a las ayudas sociales, se pide reformular los requisitos para la obtención de la renta mínima de inserción social, a efectos de que se tenga en cuenta la disponibilidad para el trabajo de las personas beneficiarias y por ello, tener en cuenta que no hayan rechazado ningún trabajo que se les haya ofrecido como consecuencia del cobro de prestación de este tipo, o del IMV.

Medidas estatales

A nivel estatal, tras criticar la gestión del cogobierno durante toda la crisis del Covid, el informe pide un sistema de financiación justo y que sus relaciones con las comunidades autónomas se basen en transparencia, lealtad institucional y objetividad, con el objetivo de la igualdad de todos los españoles, “alejándose de chantajes y pretensiones territoriales”. Además, defiende la dignificación de las instituciones y “la unidad de España bajo los principios de igualdad y solidaridad consagrados en la Constitución”.

Para el reparto de fondos que vienen del Gobierno o de la UE, reclama unos criterios claros en su gestión y distribución “y que cada comunidad reciba lo que necesita, sin favoritismos por cuestiones políticas”. También propone abrir el debate de la redistribución y recuperación de competencias “para asegurar una prestación de servicios igualitaria”, además de políticas “decididas” a favor de la familia y un Plan nacional de fomento de la Natalidad “como estímulo al sostenimiento del sistema público de pensiones”.

De otro lado, aboga por una concepción integral de la Sanidad con una tarjeta sanitaria, calendario de vacunas y cartera de servicios únicas en todo el país y una gestión integral de las listas de espera, así como modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para flexibilizar la regla de gasto y el objetivo de déficit al objeto de permitir a las administraciones abordar la crisis del Covid-19.