Colecor: el Ayuntamiento, firme en ejecutar el derribo

El presidente de la Gerencia, Pedro García, comparte la visión del delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de imprimir máxima celeridad a la sentencia

Disponibilidad y sintonía total con la postura de la Junta, expresada este fin de semana por boca del delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco de Paula, a través de una agencia de noticias, para ejecutar la sentencia del TSJA y, con ello, el derribo parcial de las naves de la antigua Colecor, propiedad del empresario y exedil, Rafael Gómez.

Así lo ha manifestado esta mañana el presidente de la Gerencia de Urbanismo y en estos momentos alcalde accidental, Pedro García (IU), que ha señalado que, tal y como había reclamado el delegado de la Junta en Córdoba, el apoyo y la colaboración por parte del Consistorio en este tema es total y que agradece la buena disposición de la Administración regional, así como su intención de solucionar este asunto cuanto antes.

Ejecutar la sentencia del TSJA supondría el derribo de 15.000 de los 40.000 metros propiedad de Rafael Gómez y poner fin a un asunto que lleva en los despachos y tribunales desde el año 2005, cuando se inició el expediente sancionador contra el empresario por la construcción sin licencia de obra de las polémicas naves. Por el camino, dos intentos de legalización a través de sendos planes especiales que han sido igualmente tumbados por los tribunales: el primero bajo el mandato de Rosa Aguilar, con el PSOE como socio de gobierno, y el segundo con José Antonio Nieto como alcalde.

Cabe recordar que las naves están embargadas con una posición preferente del Banco Popular, seguido de otros acreedores de Rafael Gómez. En esta lista, aunque en posición muy retrasada, se encuentra el Consistorio, que durante el pasado mandato anunció que, pese a las nulas expectativas de obtener ingresos, sacaría a subasta las naves. El objetivo era tratar de cobrar algo de la multa, ahora de 20 millones, que el empresario adeuda por la construcción sin licencia de la sede de Arenal 2000 y, por extensión, de Unión Cordobesa.