La cárcel vuelve a poner la calefacción

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha valorado este miércoles que “tras la presión mediática y política” de la asociación y los presos, que interpusieron numerosas quejas ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en enero, “se ha conseguido que la prisión de Córdoba reponga la legalidad encendiendo la calefacción”.

Según indica el colectivo en una nota, “sin la labor de incidencia política nunca se hubiera recuperado”, después de que Pro Derechos Humanos Andalucía interpuso queja al Juzgado de Vigilancia, a los Defensores del Pueblo estatal y andaluz, así como se pidió la intervención del Ayuntamiento de Córdoba, en concreto el concejal de Servicios Sociales, Rafael del Castillo (IU), que “fue muy activa”, y de los diferentes grupos parlamentarios, que llegaron a plantear preguntas tanto en el Congreso --Ciudadanos--, como en el Senado --Podemos--.

Al respecto, Apdha considera que “la activación de la calefacción supone un reconocimiento implícito de la mala gestión durante los últimos años al privarse de modo injustificado de la misma”, a lo que añade que “resulta lamentable que durante los años de la crisis, los presos hayan sido el único colectivo que haya sufrido dicha medida de ahorro, no impuesta en ningún otro servicio público residencial”.

En cualquier caso, agrega la asociación, “sigue siendo injusto e incoherente que lo conseguido en la prisión de Córdoba no se haya extendido al resto de prisiones andaluzas, muchas de las cuales siguen padeciendo la falta de calefacción”.

En este sentido, recuerda que “pese a disponer de los sistemas para ello, Instituciones Penitenciarias mantuvo esta restricción a pesar de las temperaturas tan frías, que llegaron a alcanzar los cuatro grados bajo cero en el mes de enero”.

Así, indica que “existía una triple discriminación: frente a los usuarios de otros servicios públicos residenciales --hospitales, centros de mayores, menores-- del resto de administraciones; frente a presos de otras prisiones y comunidades, y frente al personal laboral o terceros, como abogados que sí disfrutaban legítimamente de la misma en el mismo Centro Penitenciario”.