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El Ayuntamiento dejó pendientes en 2013 facturas de luz por más de 270.000 euros

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Antonio Gutiérrez

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Desde Infraestructuras se alude a los problemas con el cambio de titularidad de los contratos, mientras que Intervención advierte de que se incumple el periodo de pago a proveedores

La comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba abordó ayer el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por facturas pendientes de ejercicios anteriores por un valor de 287.677 euros de los que la gran mayoría, unos 278.000 euros, corresponden a gastos de luz del Área de Infraestructuras que debieron ser computadas en el ejercicio 2013.

Acerca de estos impagos a Endesa, la respuesta de Infraestructuras alude a los problemas administrativos generados por un cambio en la titularidad de los contratos que antes se facturaban a Endesa Siglo XXI y que a partir de marzo pasó a facturarse a Endesa Energía SAU. Estos problemas dejaron en el limbo administrativo numerosas facturas, entre ellas las del alumbrado público de enero y febrero por valor de 241.000 euros que, más de un año después, seguían sin satisfacerse.

No convencen mucho las explicaciones de Infraestructuras a la Intervención General que, en su informe, manifiesta su queja porque si hubo ese retraso en la prestación del servicio con la nueva adjudicataria no se redimensionase el contrato, con el consiguiente ahorro municipal. La interventora considera que estas cuestiones se tenían que haber previsto y reflejado en el nuevo pliego de condicione para evitar las rectificaciones e interrupciones, así como las importantes demoras y las consecuencias que éstas tienen para el Ayuntamiento.

Hablando de demoras, en el expediente de Intervención, se indica que “se presentan multitud de facturas, de pequeños importes, de los periodos 2009-2012 por valor de 9.009 euros”. La fecha de facturación, curiosamente, es mayo de 2013 por lo que, según la interventora “se pone de manifiesto un incumplimiento de la empresa en el plazo lega para emitir facturas.

Acerca de las consecuencias de estos retrasos en el abono de las facturas, la Intervención General señala que dejar de tramitar en su momento las facturas conllevael perjuicio para el tercero y para el propio Ayuntamiento, ya que da lugar al incumplimiento en el periodo medio de pago a proveedores. Junto a esto, y dado que se tendrán que informar al Tribunal de Cuentas, la interventora alude al artículo 28 de la ley de Transparencia indicando que “constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas cuando sean culpables: los compomisos de gastos, reconocimiento y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos”.

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