AUGC despide a Primo Jurado valorando “negativamente” su etapa como subdelegado

Asamblea de AUGC.

Ante el reciente cese de Juan José Primo Jurado en su cargo como subdelegado del Gobierno en la provincia de Córdoba, responsabilidad que ha venido desempeñando durante los últimos seis años, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la provincia ha señalado que “el balance no puede ser positivo”, aludiendo a distintos aspectos del trato recibido por parte del exsubdelegado.

“Si bien inició su mandato anunciando diálogo e interlocución con los representantes de los guardias civiles, sin embargo durante varios años se ha negado a recibir a AUGC, excusándose en que ya se reunía con los mandos. Únicamente ha accedido a mantener encuentros con AUGC y otras asociaciones profesionales durante el último año, pero más por empeño del nuevo jefe provincial de la Guardia Civil, teniente coronel Juan Carretero, que por propia voluntad de Primo Jurado”, critica la asociación.

Asimismo, en una nota señalan que, como subdelegado “ha venido aprovechando los actos institucionales y ruedas de prensa para presumir de datos estadísticos delincuenciales, pero lo cierto es que la situación no es tan idílica, teniendo en cuenta que Córdoba se encuentra entre las veinte provincias con mayores índices de criminalidad”. Los agentes aducen que “las mejoras en este ámbito se están consiguiendo sobre todo gracias al esfuerzo, compromiso y profesionalidad de los guardias civiles, a pesar de la insuficiencia de plantilla y medios que la Guardia Civil padece en la provincia de Córdoba desde hace muchos años”.

En ese sentido, recuerdan que hay 170 vacantes sin cubrir, a pesar de contar con la plantilla más reducida de toda Andalucía, “lo cual se traduce en que para poder sacar a la calle patrullas de Seguridad Ciudadana deben unirse efectivos de distintas poblaciones, a pesar de los efectos negativos que ello conlleva. No en vano el propio Gobierno ha reconocido que en los últimos siete años la Guardia Civil ha perdido un 6% de su personal en esta provincia”.

AUGC también aprovecha para señalar que “el parque móvil es deficitario, con excesiva antigüedad y kilometraje, habiéndose invertido durante los últimos años más presupuesto en reparaciones que en la dotación de nuevos vehículos”.

En lo que respecta a infraestructuras, indican que “la situación es también deficitaria, a pesar de los esfuerzos realizados por algunos ayuntamientos y especialmente por la Diputación Provincial, cuyas aportaciones son relevantes pero claramente insuficientes para las necesidades existentes, sobre todo por la escasa inversión de la administración central”. Una gran parte de los acuartelamientos son muy antiguos, varios de ellos con más de 60 años, y “en algunas poblaciones ni siquiera se dispone de acuartelamiento, utilizándose instalaciones provisionales que no reúnen las condiciones mínimas necesarias”, aseguran.

Otro aspecto negativo que vinculan a primo Jurado “es la sanción disciplinaria que se impuso a quien fue secretario general de AUGC en Córdoba durante varios años, Alfonso Carrasco, por publicar un mensaje en una red social desde una cuenta particular criticando levemente al entonces subdelegado del Gobierno. A pesar de que dicha circunstancia no tenía nada que ver con su labor como guardia civil, de hecho se encontraba ya en situación de reserva por edad, Primo Jurado informó al entonces jefe provincial, teniente coronel Francisco Fuentes, con el fin de que se le sancionara, como así se hizo, puesto que le impusieron una sanción por falta grave, la cual se encuentra recurrida actualmente por los servicios jurídicos de AUGC ante el Tribunal Supremo. Sin duda en el ánimo del subdelegado y de la cadena de mando influyó a la hora de tomar la decisión el historial de Alfonso Carrasco como representante de AUGC y su lucha por los derechos de los guardias civiles”, opinan.

Por último, desde AUGC quieren desear “toda la suerte a Rafaela Valenzuela como nueva subdelegada del Gobierno en Córdoba, porque del acierto en su gestión dependerá en buena parte que los hombres y mujeres de la Guardia Civil puedan prestar su servicio a la sociedad en las condiciones más idóneas y respetando plenamente sus derechos laborales”, por lo que públicamente se ponen a su disposición “para trabajar conjuntamente por ese objetivo común”.

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