La AUGC denuncia que se contratará a vigilantes privados en la prisión

En el centro penitenciario de Córdoba trabajan 60 guardias civiles y el colectivo de la AUGC asegura que no se necesitan refuerzos

La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado a través de una nota de prensa que “hace unos días ha llegado a la Unidad de Seguridad Penitenciaria de Córdoba una orden de la Dirección General de la Guardia Civil anunciando que a partir del próximo 1 de abril se incorporarán a la prisión de Córdoba varios vigilantes de seguridad privada como refuerzo a los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan servicio en los centros penitenciarios, medida que afecta en principio a 21 centros penitenciarios (19 de Guardia Civil y 2 de Cuerpo Nacional de Policía)”.

En dicho documento se afirma que “en ningún caso supondrá una reducción de efectivos de las Unidades de las FCSE, tan solo se tratará de un refuerzo, al menos en la fase inicial, considerada como experiencia piloto”, pero a continuación añade que “en un futuro, en función de los resultados de esta experiencia y de las disponibilidades presupuestarias, podría iniciarse una sustitución progresiva de las FCSE por miembros de la seguridad privada”.

Al colectivo de guardias civiles (no es un sindicato, pues no les está permitido sindicarse) “no le cabe ninguna duda que la intención del Gobierno es llevar a cabo en un futuro no muy lejano esa sustitución progresiva, porque de no ser así no habría adoptado la medida que comienza el 1 de abril, sobre todo teniendo en cuenta que la Unidad de Seguridad Penitenciaria de Córdoba (igual que las otras afectadas) no precisa actualmente ningún refuerzo, y mucho menos de vigilantes de seguridad privada”, denuncian a través del comunicado.

“Ahora se confirma lo que AUGC denunció hace un año, que el deseo del gobierno popular de ‘recolocar’ al personal de las empresas de seguridad privada afectado por la reducción de escoltas en el País Vasco no era sino una burda excusa para llevar a cabo la privatización de la seguridad en los centros penitenciarios, porque no son esos escoltas los que van a incorporarse a las prisiones afectadas, sino vigilantes de varias empresas de seguridad privada que han constituido una UTE (unión temporal de empresas) para hacerse con este suculento negocio”, insisten.

En la prisión provincial de Córdoba se encargan de la seguridad y su vigilancia un total de 60 guardias civiles. “Los afectados se sienten engañados por el Partido Popular, puesto que en el programa electoral con el que esta organización concurrió a las elecciones generales no constaba que tuvieran la intención de adoptar dicha medida. De hecho, en reiteradas ocasiones los máximos representantes del PP han negado que fueran a privatizar servicios públicos básicos como la sanidad, la educación o la seguridad, pero ahora ha quedado claro que sí van a hacerlo”.